Chile experimenta evidentes dificultades en sus formas de participación democrática, lo que resulta preocupante, al ser esta, imprescindible para que alguien pueda ser sujeto de derechos. A esto debemos sumar los movimientos sociales de los últimos años, que han derivado en un país cada vez más diverso, donde ha cobrado interés científico la convivencia entre grupos de orígenes, ideologías y pensamientos distintos. Uno de los retos de la educación actual es fomentar el aprendizaje para vivir en una sociedad cohesionada, a pesar de la creciente diversidad del mundo globalizado, a la vez que se vela por mantener las diferencias entre las identidades individuales y colectivas (Bauman, 2007).
El Estado de Chile consciente de estas problemáticas, a partir de la Ley 20.911/2016 considera primordial, a través de la escuela, formar ciudadanos y ciudadanas responsables, participativos/as y comprometidos/as con el rol que tienen al interior de la sociedad democrática. En este contexto, la Educación para la Ciudadanía es concebida como un pilar fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes, puesto que considera las competencias necesarias para cooperar con una sociedad plural.
En la misma línea, las Universidades del Estado tienen como misión transmitir el saber superior en las diferentes áreas del conocimiento, como establece la Ley 21.094/2018, formando personas con espíritu critico y reflexivo, que promuevan el dialogo racional y la tolerancia, que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social. La Universidad resulta el espacio idóneo para lograr este fin, lugar donde se potencia la autonomía de los futuros profesionales, así como su criterio para pronunciarse y contribuir de manera singular en las decisiones que afectan a la vida cotidiana y el bien común de la sociedad.
El rol de las universidades, es elemental en la formación de los ciudadanos y profesionales comprometidos, es un espacio privilegiado, donde se logra dotar de conocimientos y actitudes a los actores de la comunidad con el fin de alcanzar una adecuada convivencia democrática. En este contexto, las Universidades del Estado, deben responder y repensar las problemáticas, ligada a las modificaciones en las relaciones sociales, ambientales y políticas de un mundo interconectado e interdependiente, tales como: pobreza, equidad, discriminación, genero, ecología, acceso a la justicia, migración, entre otros (Tijoux, 2013). Estos retos implican un mayor grado de complejidad dada su interdependencia entre las grandes corrientes globalizadas y los espacios regionales, evidenciando la necesidad de una actualizada y contextualizada Formación Ciudadana.
Este enfoque implica un cambio profundo en las comunidades universitarias, ya que las competencias ciudadanas se deben traducir en la democratización de los espacios de participación y en los Planes de Estudio como dimensiones transversales en todas las áreas del conocimiento.
Rodrigo Salazar
Universidad del Bío-Bío
Mesa Técnica de Formación Ciudadana en la Educación Superior del Consorcio de Universidades Estatales.
