El Consorcio de Universidades del Estado, CUECH, que congrega a las dieciocho casas de estudio públicas del país, manifiesta a la opinión pública, autoridades y comunidades académicas su preocupación por la información que se ha dado a conocer a través de la prensa respecto al Informe de Investigación sobre la Universidad de Aysén, emitido por la Superintendencia de Educación Superior, de acuerdo con el cual esta institución estaría enfrentando un delicado momento financiero.
Como Consorcio queremos advertir que la situación actual de la Universidad de Aysén tiene su origen en un modelo de financiamiento de la educación superior pública que está agotado, que lleva inexorablemente al debilitamiento de las instituciones con una privatización de facto de las Universidades del Estado, afectándolas en su capacidad de dar cumplimiento a su misión legal de impartir educación pública de calidad y contribuir a satisfacer las necesidades sociales en todo nuestro territorio.
El modelo de financiamiento basado en la demanda, es decir que depende de la matrícula de estudiantes, obliga a las Universidades públicas a competir con las entidades privadas de educación por los aportes estatales, convirtiendo al derecho a la educación en un bien de mercado, que es incompatible con la misión legal del Estado de garantizar el acceso a educación pública, laica, pluralista y de calidad.
Este modelo ha llevado a una paradoja: actualmente el 70% de los recursos estatales basales que se destinan a educación superior termina en manos de entidades privadas que aumentan su patrimonio con el subsidio del Estado. Y en materia de gratuidad, el 76% de los recursos públicos termina en instituciones privadas por la lógica del subsidio a la demanda.
Es evidente que una región aislada como Aysén -que tiene la menor población de las regiones del país- no podrá nunca alcanzar la matrícula suficiente como para tener un financiamiento por número de estudiantes que le permita proyectar su desarrollo en la zona. No en vano las grandes empresas privadas de la educación superior no tienen sedes universitarias en Aysén, porque para ellas no es sostenible el negocio. Para las Universidades del Estado la educación no es un negocio.
Cuando el Estado de Chile tomó la decisión de abrir esta casa de estudios superiores en la región de Aysén lo hizo motivado por razones de soberanía, equidad e inclusión. Esa decisión y objetivo de política de Estado es incompatible con un modelo de financiamiento de mercado y debe ser sostenido de una manera completamente distinta.
El informe de la Superintendencia de Educación Superior revela algunas falencias de gestión en la Universidad de Aysén que deben ser subsanadas. Desde enero dicha institución viene trabajando en un plan de trabajo para hacerse cargo de ellas. Sin embargo, ello no debe desviarnos del tema de fondo, que es la sostenibilidad de la Universidad de Aysén, la cual requiere una visión distinta desde el Estado que reconozca la misión distintiva de nuestras universidades.
Cuando una universidad privada tiene dificultades económicas, ahorra y se ajusta cerrando carreras y sedes que tienen poca demanda, o bien realizando despidos masivos de personal. Así funciona el mercado. Nuestro propósito como universidades estatales es muy distinto. Nuestra misión es cumplir con la ley y políticas de Estado que apuntan a principios, bienes públicos y objetivos estratégicos del país.
Qué pasaría si la Universidad de Tarapacá en Arica cerrara el museo que alberga el patrimonio de las momias Chinchorro para ajustar sus costos. O la Universidad de Magallanes cerrara las pedagogías de Filosofía, Historia o Música porque tienen pocos estudiantes. En todo Chile las Universidades del Estado cautelan el patrimonio local, impulsan las artes y la cultura, investigan y hacen ciencia, formando profesionales que las regiones necesitan, que Chile necesita más allá de si es rentable o no.
La crisis actual en la Universidad de Aysén debe ser una alerta para el país sobre el riesgo que enfrentamos de perder el valor público de la Educación por un modelo mercantil que no responde a los objetivos estratégicos de Chile. Es una invitación al país y muy especialmente a nuestra clase política para revisar nuestro marco jurídico de modo de reconocer a la educación como un derecho humano y social y dejar de concebirlo como un bien de consumo. Chile necesita sustentar la educación pública para crecer e impulsar su desarrollo de forma justa y equitativa.
En ese sentido, hacemos un enérgico llamado al gobierno para que garantice la continuidad de la Universidad de Aysén, institución que representa no solo la concreción de un sentido anhelo de la región sino también la oportunidad de un mejor futuro para toda su población.
Consorcio de Universidades del Estado de Chile
