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El ministro de Hacienda Felipe Larraín confirmó un arduo trabajo de los técnicos que redactaron el documento de consenso entre la alianza y la concertación durante el fin de semana. Este protocolo de acuerdo dará luz verde al proyecto de ley que será discutido esta semana en el parlamento.


Educación Superior será uno de los puntos del protocolo, dada las discrepancias respecto a los recursos destinados a ayudas estudiantiles y la apertura del Fondo de Desarrollo Institucional a las universidades acreditadas privadas, que se suscitaron entre los parlamentarios de la alianza y la concertación.

Los rectores fueron invitados dos veces al congreso en las últimas dos semanas. El martes pasado, Víctor Pérez y Juan Manuel Zolezzi apelaron ante la comisión mixta de presupuesto para solicitar una reconsideración de  destinar los recursos  Fondo de Desarrollo Institucional a todas las universidades acreditadas.

Según los rectores, esta situación no reconoce el rol de las Universidades Estatales y las dificultades que éstas tienen en términos de burocráticos para competir en igualdad de condiciones con los planteles privados.

Asimismo, expresaron sus reparos al presupuesto 2011 porque “no se contemplan recursos adicionales para reconstrucción, en circunstancias que el CRUCH estimó en $27.500.000 los costos por tal concepto”.  En efecto, los recursos destinados para la reconstrucción de las Universidades fueron anunciados el sábado 06 de octubre por el Ministro Joaquín Lavín desde la Universidad de Concepción, y ascienden en total a 8.500 millones que corresponden a este año.

Otro de los reclamos es la eliminación del aporte que se entregaba a los mejores egresados de enseñanza media pertenecientes a los quintiles de menores ingresos (AFI chico). Monto que el año pasado ascendió a más de mil millones.

Además, el Rector Zolezzi recordó a los parlamentarios que no figuran y quedan pendientes los compromisos de los concursos de Convenios de Desempeño Bicentenario 2010 para el Desarrollo de las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes, año 2009, adjudicados a cinco universidades estatales regionales, y el Proyecto Campus Juan Gómez Millas, de la Universidad de Chile. “En el presupuesto 2011 se constata que no está estipulado entregar dichos recursos”.

Por último los rectores llamaron a los parlamentarios a cumplir el acuerdo contraído en la ley de presupuesto del año 2010, en el que los parlamentarios se comprometieron a legislar para que los planteles públicos puedan contratar empréstitos a largo plazo.

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