Según un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, habría potencialmente 46 mil estudiantes damnificados que asisten a una de las Universidades del Consejo de Rectores.
Tras el terremoto, la certeza de los montos de pérdidas y situación habitacional de estudiantes y funcionarios no es fácil de conseguir, especialmente en las regiones VII y VIII, donde la situación aún es compleja. Por ello, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a petición de los rectores de las 25 universidades tradicionales, elaboró un informe que en base a una serie de simulaciones muestra el estado actual de los planteles en la zona centro sur del país.
Este reporte devela que existen cerca de 46 mil estudiantes que podrían estar damnificados entre la V y IX región, bajo una serie de variables que denominan como escenario pesimista. La cifra se reduce casi a la mitad, bajo una mirada optimista de los factores, que si bien es considerablemente más baja, compromete parte importante recursos para al menos seis planteles.
No obstante, la preocupación de las casas de estudios es compartida por los 25 jefes de planteles, quienes durante estas dos semanas han estado recabando información acerca de la situación familiar de sus estudiantes. En efecto más allá de las pérdidas materiales que registraron las casas de estudios, la condición familiar de los alumnos es el factor más relevante a evaluar. Son ellos el eje central de la actividad académica, y por cierto, los aranceles que ellos pagan son los que financian en más de un tercio el presupuesto de todas las universidades.
Al respecto, este reporte grafica claramente el costo oportunidad de permanecer en Educación Superior para aquellos estudiantes con residencia en las zonas afectadas. Lo anterior pronostica un aumento en la tasa de deserción para este año académico, sobre todo en aquellas Instituciones que reciben a estudiantes de esos territorios. Asimismo, estiman que se requerirá contar con ayudas adicionales de mantención para los estudiantes damnificados (almuerzo, residencia, gasto en materiales para el estudio), incluso en el caso de aquellos que ya cuentan con Beca de Mantención JUNAEB, pues el monto de la ayuda recibida es bajo ($15,500 mensuales).
Por otro lado, el reporte prevé que habrá un gasto mayor para los estudiantes de las zonas afectadas, dada una eventual especulación en los precios de arrendamiento. “No habiéndose calculado el costo de oportunidad de que un estudiante damnificado decida seguir estudiando y no trabaje para apoyar a su grupo familiar, se ha establecido un monto mínimo de dinero para mantención considerando gasto en locomoción, en material de estudio y arrendamiento de $93.000 mensuales”, señala el Informe.
Es potencialmente probable que esos montos sean demandados en ayudas a la Universidad, por lo que estas instituciones deberán contar con planes de emergencia que respondan a estas necesidades. Cifras preliminares calculan montos superiores a los 14 mil 700 millones de pesos, sin considerar las ayudas estudiantiles por pago de arancel.
Edificaciones
Dado los datos recabados desde los planteles afectados en el centro sur del país, se prevé que al menos, las casas de estudios requieren 29 mil millones de pesos para reparar dependencias indispensables para la docencia. La suma sube a casi 58 mil millones de pesos, considerando el total de la infraestructura dañada.
En este contexto y evaluando la premura de las acciones de reparación y prestación de ayuda, los rectores han solicitado un anticipo al ministerio de Hacienda, equivalente a 9.500 millones.
