Rector de la Universidad de Los Lagos y directivo de las Ues Estatales en la región se refiere al tema coyuntural en la discusión sobre educación superior.
Concluye una nueva semana con los devenires de la educación en nuestro país como temas de primera línea en los medios de comunicación y la opinión pública. Óscar Garrido Álvarez, además de ser el rector de la única universidad estatal en la región, la Universidad de Los Lagos, es el secretario ejecutivo del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), entidad que ha portado el escudo en la defensa de garantías para sus 16 “ues” asociadas.
¿Está de acuerdo con la gratuidad universal?
Totalmente. Creo en la gratuidad universal y Chile no debe renunciar a ello, ahora producto de la reducción financiera es entendible que los recursos no son suficientes para otorgar gratuidad a todos los estudiantes, por lo que en una primera etapa (2016) el gobierno ha priorizado otorgar gratuidad al 60% más vulnerable, es decir aquellos que se encuentran en los tres primeros quintiles. En este aspecto es importante señalar que si bien la gratuidad no es retroactiva, los beneficios existentes actualmente se mantendrán, ya que los recursos asociados a la gratuidad son adicionales al monto actual de beneficios.
¿Por qué considera importante otorgar gratuidad?
Cuando en 2012 la OCDE comparó el origen del financiamiento de la educación superior en sus países miembros, se observó que en Chile el 80% del financiamiento recayó en el gasto de las familias, sólo 17 % en el aporte estatal y 3% en otras fuentes privadas. Si se considera que en Chile, se ha calculado la inversión por estudiante de educación superior en USD 9,000. Si se considera que, las familias enfrentan una pesada carga financiera si quieren enviar a sus hijos a la universidad. Aún cuando en los últimos años la inyección de recursos estatales traducidos en becas y créditos para estudiantes se ha incrementado considerablemente, la proporción de financiamiento privado sigue duplicando la estatal, la que sólo representa 0,79% del PIB (OCDE 2014). La gratuidad implica una fórmula para corregir las distorsiones ocasionadas por el modelo de orientación al mercado impuesto en la dictadura.
Y lo que es peor el Estado por décadas ha hecho de la educación un bien público a un bien de consumo donde los sostenedores de instituciones de educación superior, todos privados han lucrado sin reparos. Y nadie que crea en el Estado y estos conceptos puede aprobar la transferencia de recursos sin un marco regulatorio que distinga a verdaderas instituciones con vocación formativa a verdaderas inmobiliarias.
¿Cuál es su opinión sobre ampliar los recursos de la gratuidad para estudiantes de universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores?
Los recursos deben focalizarse en los estudiantes vulnerables, independientemente de la institución en la que se encuentren. Sin embargo, se debe garantizar que estos recursos públicos sean utilizados adecuadamente por lo que se requiere establecer un marco regulatorio. El lucro ya ha sido fuertemente criticado por la ciudadanía. Peor escenario sería lucrar a costa de los estudiantes más vulnerables. El Estado debe verificar que los recursos destinados a la gratuidad efectivamente sean para los más necesitados y no terminen en el bolsillo de privados. Mejor si además están destinados a fortalecer la oferta pública.
¿A qué se refiere como estudiantes vulnerables?
Los estudiantes vulnerables socialmente presentan dificultades importantes por su historial académico y antecedentes familiares. También enfrentan mayores obstáculos durante su formación universitaria, situación que se refleja claramente en los indicadores de progresión (retención, aprobación, titulación y empleabilidad). La vulnerabilidad reviste una serie de condiciones socioeconómicas y socioafectivas ampliamente estudiadas y que indica que los alumnos requieren de un mayor nivel de apoyo en lo económico y en el desarrollo de competencias de entrada en cuanto a conocimientos y hábitos de estudio.
Los resultados de la encuesta Casen de 2013 muestran que sólo un 34% de los alumnos del quintil más bajo accede a la educación superior en relación al 90% del quintil más alto. En un análisis comparativo, son las universidades estatales en regiones las que mantienen aranceles más bajos y reciben una mayor cantidad de alumnos provenientes de colegios municipalizados, de familias con menores ingresos y de padres con menor grado de escolaridad. Es por ello que las Universidades que atienden preferentemente a alumnos vulnerables deben realizar esfuerzos mayores en mantener aranceles más bajos, generar programas de nivelación de competencias básicas y tener un sistema de becas y beneficios estudiantiles con recursos propios.
Todos sus recursos no se destinan a otros negocios que no sea producir otros bienes públicos como la investigación, la formación de magíster y doctorados, y proyectos de investigación. Comparemos a nuestra universidad sólo con las universidades privadas de la región.
¿Cuál debe ser la fórmula para calcular los aranceles referenciales?
Es fundamental que cualquier fórmula de cálculo para determinar aranceles de referencia rompa con criterios e indicadores históricos y centralistas, y se incluyan en el análisis factores determinantes como la variable regional, la procedencia de los alumnos, el ingreso familiar y la escolaridad de los padres. La fórmula debe considerar aspectos básicos como un mínimo de profesores jornada completa, recursos tecnológicos, inversión en bibliografía, costos específicos de las carreras dependiendo de su naturaleza. Adicionalmente, deben considerar variables asociadas a la vulnerabilidad de los estudiantes.
El Estado debe considerar en la formulación de esta metodología particularidades propias de instituciones que acogen en sus aulas a una población con ciertos rasgos socioeconómicos y culturales. Esto cobra especial énfasis en universidades regionales que tienen por propósito atender los requerimientos de la sociedad regional en la que están insertas y reciben estudiantes con un alto grado de vulnerabilidad. Tomando esto en consideración, el Estado debe buscar fórmulas a fin de garantizar la trayectoria en el sistema y titulación oportuna de estos alumnos. Es central subsidiar cualquier esfuerzo de las universidades por atender de manera integral a estudiantes talentosos del sistema municipal que presentan déficit sociocultural.
¿Por qué fortalecer la educación estatal?
Desde el 2012, hay 12 universidades privadas investigadas por lucro por parte del Mineduc y la Fiscalía, en un país donde la ley prohíbe a que las universidades lucren. El modelo de orientación al mercado produjo una jibarización de la educación pública y permitió que las instituciones privadas crecieran de forma desmedida. La composición de la matrícula arroja evidencia interesante cuando se compara internacionalmente. En promedio, en los países de la OCDE (2012), los estudiantes se incorporan al sistema privado en carreras técnicas no supera el 41% y en carreras profesionales 31%; es decir, presentan una alta concentración de matrículas instituciones públicas. En Chile, en cambio, la matrícula en instituciones privadas alcanza el 94% en programas técnicos y un 72% en programas profesionales, de lo que se puede inferir que el sistema estatal chileno muestra una profunda diferencia. Donde, adicionalmente, está la mayor concentración en calidad: acreditación institucional, de carreras y producción científica la exhiben las universidades estatales, y las universidades privadas tradicionales del Consejo de Rectores.
¿Qué espera de la Reforma?
Es de esperarse que la implementación de los compromisos del Gobierno permita reorientar el sistema y redirigirlo para garantizar un acceso equitativo. Un trato preferente del Estado hacia sus universidades permitirá que cumplan su rol fundamental al servicio del interés público, y que sigan contribuyendo al país como referentes de calidad y de productividad científica. En particular, las universidades estatales en regiones juegan un papel preponderante en la construcción de una sociedad nacional más equitativa y justa, dado que el incremento en las brechas sociales es aún más evidentes entre regiones geográficas.
¿Qué espera de las autoridades políticas y los parlamentarios?
Ser respetuosos con el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y su esfuerzo por fortalecer el eje público en educación. Ser respetuosos con el anuncio del 21 de mayo, que apuntó a que la gratuidad se focalizaría en el Consejo de Rectores, porque esas instituciones responden a un marco regulatorio y porque proveen sobre el 90% de la investigación en Chile, porque son tradicionales y las 16 universidades estatales son la expresión de nuestra sociedad republicana. La mayor responsabilidad, sin dudas, hoy la tienen los actores que representan al conglomerado de apoyo al Gobierno.
Fuente: http://www.australosorno.cl/impresa/2015/08/02/full/cuerpo-principal/21/
