Si bien existen muchas formas de ejercer la ciudadanía, la participación en elecciones ha sido uno de los indicadores más recurrentemente utilizado. En ese sentido, pese a que la participación juvenil a nivel nacional ha aumentado en los últimos años, especialmente en el plebiscito para la reforma constitucional, el nivel de involucramiento juvenil sigue siendo bajo en comparación a otros grupos etarios y respecto de otros periodos históricos.
La situación en las elecciones para conformar las federaciones estudiantiles en las universidades no es muy distinta de esta realidad, y ha decaído a niveles que en algunos casos ha hecho imposible que se pueda completar el cuórum requerido, o que las elecciones no se hayan podido realizar por falta de listas que estén dispuestas a participar en los procesos eleccionarios. Esta baja motivación para el ejercicio de la ciudadanía política es explicada por distintos autores como la consecuencia de una débil democracia universitaria, que no reconoce a las y los estudiantes como ciudadanos/as de pleno derecho.
Históricamente, las federaciones estudiantiles han tenido un importante rol en el acontecer político de la sociedad chilena, y el estudiantado ha ejercido un claro liderazgo en procesos sociales y políticos. En 2015, y gracias a la presión ejercida por el movimiento estudiantil, se logró derogar el DFL2, decreto que impedía el derecho a voto del estudiantado en la toma de decisiones en las universidades chilenas. Posteriormente, la Ley 21.094 abre la posibilidad de que estudiantes se puedan incorporar a la toma de decisiones en las Universidades del Estado de Chile. La nueva Ley, deja a las universidades la responsabilidad de incorporar al estamento estudiantil en los organismos colegiados con derecho a voz y voto, al mismo tiempo estableciendo la obligatoriedad de esto en las dos instancias superiores, aunque limitando el número de integrantes. Sin embargo, también regula que la elección de rectoría se seguirá realizando de acuerdo con la normativa existente; esto es, sin participación de estudiantes ni personal administrativo.
La integración de los/as jóvenes, y su reconocimiento como ciudadanos/as capaces, que aportan y ejercen derechos, en instancias como Consejos de Facultad, o a nivel de escuelas, ha quedado como una decisión de las universidades. Pero, avanzar efectivamente en la democratización de estas instituciones, más allá de la mera composición triestamental de los organismos colegiados o de su inclusión en procesos eleccionarios, requiere impulsar un cambio cultural que fomente la participación estudiantil en la vida universitaria. Es la oportunidad de generar una instancia de ejercicio ciudadano y aprendizaje de conocimientos, habilidades y valores, que posteriormente podría promover que las y los estudiantes universitarios/as se incorporen como ciudadanos/as capaces, fortaleciendo la democracia nacional.
Bruno Bivort
Académico
Departamento de Ciencias Sociales
Universidad del Bío-Bío, Concepción.
