Ante la presencia del Jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, la máxima autoridad del plantel regional resaltó la importancia de aplicar en la reforma mecanismos de control a aquellas instituciones privadas que también reciben dineros fiscales y no rinden cuentas de sus gastos.
26.04.2016. Punta Arenas. “Flexibilizar un poco el sistema no estaría nada de mal, pero más importante que eso es que todos quienes recibimos dinero fiscal, seamos controlados. Porque el gobierno les está entregando muchos recursos públicos a las universidades privadas, sin ninguna cuenta. Y el país debe saber que el dinero que le están sacando a cualquier vecino de su bolsillo, va al bolsillo de un privado sobre quien no pesa ningún tipo de control”.
Con estas firmes palabras, este lunes, el rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo, dio inicio a la ceremonia institucional de inauguración del año académico 2016. La autoridad académica dio un discurso para introducir la conferencia de Francisco Martínez, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (Divesup), quien fue invitado, precisamente, a hablar de la reforma y los principales alcances de la nueva ley nacional en sus cuatro ejes: la institucionalidad que crea la Superintendencia de Eduación Superior y regula las acreditaciones, la prohibición efectiva de los fines de lucro, la regulación de las instituciones estatales y el mecanismo de financiamiento de la educación superior.
En ese contexto, el rector hizo hincapié en aquella injusticia que cree preciso subsanar en el texto que el gobierno tiene pensado presentar al Congreso Nacional en las próximas semanas. “Nadie desconoce el aporte que han hecho las privadas del CRUCH. Merecen respeto por su trayectoria; nacieron con una función pública. Pero yo me pregunto qué es lo que hace que nuestros pares no puedan mirar a su prójimo antes que a sí mismos, pues eso resolvería esta desinformación que afecta a la opinión pública, que comienza a repetir frases hechas como “reforma estatista” o “competencia desleal” sentenció el rector.
“Imagino que así se darían cuenta de que, desde un inicio, esta reforma surgió para reparar la injusticia que se ha cometido con las estatales. Porque si el G9 aporta más del 50% de los bienes públicos del CRUCH, no es porque sean mejores que nosotros, sino porque le deben a una administración armada, la ventaja de jugar en una “cancha dispareja”, agregó.
Palabras del Ministerio
A continuación Martínez, realizó su exposición partiendo del diagnóstico de una oferta privada de educación superior creciente, con un aumento de la carga familiar respecto a lo económico y la nula regulación del Estado en esta materia. Afirmó que el diseño de la reforma ha agregado los criterios de equidad y pertinencia al ya existente de calidad y añadió que la idea es impulsar un equilibrio entre lo que es la educación pública y la educación privada, lo que implica, según, el profesional, que el Estado se haga cargo de sus universidades.
“Es una responsabilidad que el Estado siempre debió haber tenido y no dejarlas abandonadas a su destino porque eso significa que el mercado se hace cargo para que sobrevivan. Eso ha llevado que la participación del sector público en la formación sea cada vez menor. Hoy en día tenemos una formación privatizada y lo que queremos hacer es tener un poco más de equilibrio en esas dos miradas de la sociedad, una pública y una privada”, aseguró.
Como ejemplo y, tomando las palabras del rector Oyarzo respecto al control, Martínez, dijo que “no se trata de poner más trabas a los que no las tienen. Se trata de que el sistema de control vía la Superintendencia sea más efectivo, eficiente y real, es decir, los estándares de control se elevan para todo el sistema, pero eso no significa agregarle las trabas que tienen las estatales a las otras instituciones, sino que la estatales reduzcan su carga, y que las otras tengan un suficiente control”.
En torno a las preocupaciones a nivel regional, como el impedimento de muchos estudiantes de acceder a estudiar pedagogía por falta de puntaje (500 puntos), el jefe de la Divesup, declaró que se está trabajando en una ley de Formación Inicial Docente que entrega un mejoramiento integral a la enseñanza de las pedagogías, por lo que se trata de un tema puntual que va a subsanarse en el marco de una ley. “Resolver el problema del puntaje solo, en el fondo, lo que hace es ignorar que estamos haciendo una transformación más profunda, porque en el fondo estamos cambiando lo que es ser un profesor”, dijo Martínez.
Criterios regionales en el financiamiento a la ES
Otro de los temas que trató, es la incorporación de ciertos criterios regionales en la propuesta de financiamiento que se está trabajando y que, influye, en parte, en la fijación de los aranceles y los aportes basales a las instituciones.
Al respecto, el diputado Gabriel Boric, dijo que “ahí tenemos que tener el pie puesto en el acelerador, y no permitir que esos criterios se olviden en la reforma, como muchas veces pasa en los temas centralistas”. Agregó que “aun así, nosotros, por la experiencia, mantenemos un sano escepticismo, y vamos a cumplir nuestro rol fiscalizador en torno a la UMAG. Pero, además, un rol político muy claro de fortalecimiento y reconstrucción de la educación pública en el marco de la reforma, porque, hasta ahora, los lineamientos siguen siendo contradictorios”.
Gratuidad
En la oportunidad, Francisco Martínez también hizo un llamado a los estudiantes a no quedar fuera de la gratuidad. “El proceso está abierto hasta el 12 de mayo. Tenemos estudiantes que teniendo posibilidades de acceder a la gratuidad no han terminado su proceso. Entonces, que no sea por falla de información o porque crean que ya terminó, que vayan a quedar fuera. Les pedimos ojalá que puedan participar presentando sus antecedentes, cumpliendo su tarea de acreditación, para poder darles la gratuidad y entregarles el beneficio que está disponible”.
Fuente: Comunicaciones UMAG
