El rector de la universidad estatal de la VIII región, Héctor Gaete, expresó que en el país no existe una política de Estado en educación y que el gran pendiente es el derecho a la educación de calidad.
“El Estado sigue siendo segregador y excluyente, tenemos educación para ricos, pobres y más pobres. Además los gobiernos son lentos en la gestión y tienen poca cohesión social, en un periodo de cuatro años”.
“No podemos colocar en la mesa los problemas, tenemos que hacer el compromiso cotidiano de participar en lo público, para aportar en estos temas”
14.12.2015. Chillán. Derecho a la educación fue el tema abordado en el foro panel organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Universidad del Bío-Bío (UBB), el viernes 11 de diciembre, en el marco de la entrega del informe de Situación de los Derechos Humanos en Chile.
La actividad, tuvo como panelistas a la jefa de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Carolina Chang; al rector de la UBB, Héctor Gaete; a la académica de la Universidad de Concepción, Doctora en derecho, Amaya Álvez; y a la Presidenta de la Corporación para la Memoria y los Derechos Humanos de Concepción, Yolanda Concha. La moderación estuvo a cargo de la coordinadora del programa de Derechos Humanos de la UBB, Vivianne Hasse.
El Rector Gaete enfatizó que la Institución estatal de la VIII región cuenta con un equipo humano que está avanzando en esta materia desde diversas miradas y que el desafío es hacer una contribución mayor a través de la difusión sobre la conceptualización del derecho humano y la formación de recursos humanos para la promoción.
“Estamos instalando el tema en nuestra educación con la inclusión de actividades de formación integral en las mallas curriculares de todas las carreras, pues el derecho humano es clave para la formación ciudadana. A la Universidad del Bío-Bío le interesa formar buenos profesionales, pero, sobre todo, buenos ciudadanos y el componente de los derechos humanos es esencial para eso”, señaló.
Asimismo, la jefa de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Carolina Chang, indicó que la Ley de Inclusión constituye un avance en garantizar la igualdad, siendo el Estado quien asegura una educación inclusiva y de calidad. Sin embargo, subrayó que le preocupa al INDH la ausencia de medidas especiales de protección para grupos vulnerables como la población rural e indígena y las personas con necesidad de educación especial.
Y agregó, “hoy, el desafío más importante es la calidad, saber que se entiende por calidad en la educación y que los programas y proyectos como la Subsecretaria de Derechos Humanos, el desarrollo profesional docente, el Plan de formación ciudadana para establecimientos educacionales, cuenten con recursos económicos”.
Por su parte, la abogada, Dra. Amaya Álvez, compartió lo que señala el informe: “la tutela constitucional del derecho a la educación sigue pendiente” y afirmó que el modelo que contiene la Constitución actual hace casi imposible la verdadera protección del Derecho a la Educación, “porque paralelo a él está la libertad de enseñanza que tal como está consagrada en la Constitución es la visión empresarial de la enseñanza, que permite que privados emprendan actividades educativas y le entrega al mercado en buena medida la educación”.
En el debate constituyente, expresó, es clave el modelo constitucional en educación, donde debemos preguntarnos ¿Qué vamos a proponer como cambio?, ¿Queremos tener una libertad de emprendimiento educacional o vamos a tomar una definición de educación que realmente provea en todos los niveles una educación de calidad?, ¿Cuál es el sentido de hablar de gratuidad?
Similar opinión tuvo el Rector Héctor Gaete, quien expresó que en el país no existe una política de Estado en educación y que el gran pendiente es el derecho a la educación de calidad.
“El Estado sigue siendo segregador y excluyente, tenemos educación para ricos, pobres y más pobres. Además los gobiernos son lentos en la gestión y tienen poca cohesión social, en un periodo de cuatro años”.
Agregó que la discusión debe centrase en cómo se financia y cuál es el modelo que queremos para una política de Estado en educación. “No podemos colocar en la mesa los problemas, tenemos que hacer el compromiso cotidiano de participar en lo público, para aportar en estos temas”, indicó.
Para la presidenta de la Corporación para la Memoria y los Derechos Humanos de Concepción, Yolanda Concha, manifestó que en el debate actual sobre la reforma a la educación se debe precisar el rol que cumple el Estado y la ciudadanía, donde será primordial determinar que se entiende por calidad en la educación.
“La ciudadanía tiene mucha esperanza, quiere ver realizado esto, quiere saber cuándo comienza, en qué consiste y cómo hacemos que se cumpla y para responder a eso, todos tenemos responsabilidad, todos tenemos derechos, pero también debemos ser garantes para que las leyes se cumplan”, aseveró.
Al finalizar la actividad la coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la UBB, Vivianne Hasse, señaló que “nos comprometemos como la universidad pública y estatal de la región a avanzar en la formación de futuros profesionales y personas, que contribuyan a construir a una sociedad más justa y democrática”.
Fuente: Comunicaciones UBB
