Álvaro Rojas Marín y Hugo Salgado, Rector y Vicerrector de Gestión Económica y administración de la Universidad de Talca: "…las señales enviadas hasta ahora por el Ejecutivo apuntan a que el CAE seguirá existiendo, aunque tal vez con modificaciones. Una decisión contradictoria…"
Domingo 4 de Septiembre de 2016. El Mercurio. Santiago. El sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE), creado en 2005, aumentó de forma considerable el número de estudiantes que logró acceder a Instituciones de Educación Superior (IES). Desde esa perspectiva, cumplió con su propósito. Sin embargo, la evidencia demuestra que tanto para el Estado como para los propios alumnos se terminó transformando en una suerte de victoria pírrica en que los reales ganadores fueron las IES de naturaleza privada.
Creado con la idea de que los fondos requeridos para financiar el arancel de los estudiantes salieran de la banca privada y no del Presupuesto de la Nación, el poco interés de los bancos por participar en esta modalidad llevó al fisco a comprar una parte cada vez más importante de la cartera que licita anualmente. Lo que lo hace a su vez con un importante sobreprecio.
En contrapartida, los bancos asumen solo un 10% del riesgo de no pago y reciben un sistema de créditos subsidiados, con bajas tasas de riesgo, ya que seleccionan la cartera más segura y traspasan al Estado los créditos más inciertos. De esta forma, las IES, en especial privadas, asumen un riesgo derivado de las deudas de sus estudiantes cuando desertan de los primeros años, lo que equivale a un porcentaje muy bajo de los costos de este mecanismo, pese a que este tipo de financiamiento representa más del 70% de sus ingresos por arancel.
Así, lejos de lo presupuestado, la banca ha cubierto solo un porcentaje minoritario del Crédito, vendiendo al Estado casi la mitad de la cartera de deudores.
Lo anterior transformó al CAE en un subsidio directo del Estado hacia la banca y a las IES privadas (CFT, IP y universidades) que encontraron en este elemento una de las claves para financiar sus actividades, posibilitando de esta manera una considerable ampliación de su matrícula en medio de un "mercado de la educación" altamente desregulado.
Pese a esta evidencia, y lejos de la promesa de avanzar a un régimen que fortalezca a las universidades del Estado, las señales enviadas hasta ahora por el Ejecutivo apuntan a que el CAE seguirá existiendo, aunque tal vez con modificaciones. Una decisión contradictoria, ya que mientras los fondos para ampliar la gratuidad son restringidos, se mantiene un sistema que no solo compite por el uso de los limitados recursos fiscales, aportados por todos los chilenos, los cuales terminan financiando a instituciones sobre las cuales se yergue la sombra del lucro.
La situación se torna aún más preocupante si se considera que el proyecto de Reforma a la Educación Superior no hace mención a la posibilidad de cambiar las condiciones con que el CAE opera hasta hoy, sino que deja la puerta abierta a que sea la fórmula de financiamiento para aquellos estudiantes que no puedan acceder a la gratuidad. Un mecanismo perverso que opera dando gratuidad total a los alumnos que desertan del sistema, no asumiendo ningún riesgo.
Ante esa indolencia, y sin ánimo de validar un modelo cuyo principal mérito ha sido consolidar un sistema mercantil en la educación superior, estimamos necesario avanzar al diseño de un nuevo instrumento que traspase parte del costo financiero a las IES y a los bancos que participan de él.
Para ello, debiera crearse un modelo de créditos privados destinado solo a las universidades que no adhieren a la gratuidad. En ese esquema, las IES debieran responder por el 80% de la deuda contraída por los estudiantes que desertan antes del egreso y también por el 40% del valor de la deuda después del egreso, traspasando parte de la garantía estatal a una garantía privada provista por las IES.
De igual modo, las IES deben asumir el costo financiero y de administración de la cartera de deudores, debiendo pagarlo a las instituciones financieras por la administración de toda la cartera (este costo es menor al 5% del total de los fondos recibidos). Estos costos pueden financiarse con los excedentes de operación de la actividad educativa en estas instituciones.
En este contexto, el gobierno mantendrá una garantía estatal, pero limitada al 40% del valor de la deuda una vez que los estudiantes egresan, mientras que las instituciones bancarias que entreguen este financiamiento debieran asumir un riesgo de financiar el 20% del valor de la deuda morosa. Lo anterior, con el propósito de disponer de mayores incentivos al momento de realizar las acciones de cobranza necesarias para la recuperación de las deudas.
Consideramos que esta es una propuesta realista que permitiría mantener el financiamiento privado para los estudiantes e instituciones que no acceden a la gratuidad, reduciendo la carga financiera para el Estado, transfiriendo parte del riesgo y el mayor costo financiero tanto a la banca privada como a las IES que reciben este financiamiento, en caso de que sus estudiantes no deserten. Por otra parte, deben buscarse mecanismos que permitan involucrar a los estudiantes que desertan del sistema IES no incorporadas a la gratuidad que utilizan financiamiento CAE. Es paradojal el hecho de que solo devuelven el crédito aquellos que tienen éxito y completan su formación profesional.
Fuente:
http://www.elmercurio.com/blogs/2016/09/04/44755/Nueva-propuesta-del-Credito-con-Aval-del-Estado.aspx
