Si bien las pérdidas en infraestructura son millonarias para los planteles de la zona centro sur del país, la mayor preocupación está en la situación familiar de los estudiantes. Estiman que se necesitan 26 mil 280 millones de pesos en ayudas estudiantiles, para evitar una deserción prematura en educación superior.
Tras el terremoto, cambiaron todas las prioridades y las urgencias en el centro sur del país. Las cifras hablan por sí solas. Se estima que hay entre 21 mil y 46 mil estudiantes damnificados que asisten a una de las universidades tradicionales. En la misma zona, se devela que en menos de un mes se han acabado más de 6 mil puestos de trabajo. Y por su parte, las Universidades contabilizan pérdidas en infraestructuras cercanas a 58 mil millones de pesos, sin considerar los costos de equipamiento en investigación y docencia. Sólo en reparaciones imprescindibles para retomar las actividades de docencia se requieren más de 29 mil millones de pesos.
Pero la preocupación de los rectores está centrada en la retención de los estudiantes, especialmente de aquellos que asisten a los plantes de Talca, Católica del Maule, Concepción, Bio Bio y Santísima Concepción, ubicados en la zona del epicentro. Dada las complejas condiciones habitacionales, se espera una fuerte demanda en ayudas estudiantiles, y una significativa tasa de abandono o congelamiento de estudios.
Por ello, en la reunión del Consejo de Rectores sostenida el jueves pasado, los jefes de planteles de las 25 universidades tradicionales revisaron en detalle la situación y acordaron generar fórmulas que impidan un éxodo de estudiantes.
“Debemos generar fórmulas para apoyarlos de manera urgente, porque estamos en riesgo de una deserción prematura en la educación superior. Hemos estimado que para evitar una crisis, se requiere incrementar en forma focalizada las ayudas estudiantiles en 26 mil 280 millones de pesos. Esta cifra se descompone en 14.781 millones para ayudas de mantención, alojamiento, alimentación, movilización, y 11.503 millones para cubrir el porcentaje del arancel que deben financiar las familias de los estudiantes damnificados”, explicó Víctor Pérez, rector de la Universidad de Chile y vicepresidente del Consejo de Rectores de Chile.
Asimismo, el rector de la Universidad de Santiago de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Juan Manuel Zolezzi, propuso un mecanismo de recreaditación de la situación económica de los estudiantes, para que puedan participar en la ampliación del fondo del crédito solidario. “Lo más importante es la continuación de estudios de los jóvenes”, remarcó.
En la cita, los rectores solicitaron al Ministro Joaquín Lavín, la necesidad de establecer subsidios directos y otro tipo de financiamiento, que permita normalizar las actividades académicas. Si bien, algunas casas de estudios cuentan con seguro para este tipo de eventualidades y están modificando sus ítems presupuestarios, se requiere con premura una respuesta del gobierno.
