Dorothy Pérez Gutiérrez, contralora general de la República, realizó este martes 27 una charla magistral en el Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso sobre “Funciones y desafíos de la Contraloría General de la República”, en un evento colmado de público y que contó con la presencia del Rector Osvaldo Corrales, otras autoridades, docentes y estudiantes de distintas carreras que se imparten en el recinto de San Miguel.
En la ocasión, planteó que dado que el “aparato público es enorme”, es que “el tesoro público hay que cuidarlo entre todos”, porque con ese dinero se pueden atender necesidades como construir carreteras, hospitales o insumos, entre otras. En ese sentido, hizo un llamado a que “unamos esfuerzos para que haya una red nacional de control que hoy está desarticulada en nuestro país”.
Y es que el control, expresó la abogada de la Universidad de Chile, “no solo lo hace la Contraloría: lo hace cada uno de ustedes cuando formula una denuncia o cada una de las instituciones cuando hace bien su trabajo, y sobre todo lo hacen las jefaturas de las instituciones que tienen que realizar control jerárquico sobre cómo funcionan sus dependientes, cómo están trabajando los funcionarios”.
La primera mujer en ocupar el máximo cargo en la historia del organismo —que está próximo a cumplir 100 años— explicó que una de las funciones de la Contraloría, que a su juicio es la más importante, es la fiscalización para el buen uso de los recursos públicos. Indicó que cuando esto no ocurre, se perjudica sobre todo a los sectores más vulnerables y lejanos de las grandes ciudades. Contextualizó que en varios países del mundo, Chile entre ellos, la ciudadanía ha expresado un alto grado de indignación frente a la corrupción y exige una mayor transparencia.
En ese sentido, aclaró que la institución que lidera puede investigar solo el ámbito administrativo del Estado que la ley la faculta, y no tiene, por ejemplo, competencias para investigar al Congreso o al Poder Judicial. Su tarea la desarrolla, además, con un personal acotado —500 personas para fiscalizar, de un total de dos mil 169 funcionarios y funcionarias— respecto de la realidad de otros países, por lo cual solo abarca una muestra del universo de situaciones que se deben fiscalizar.
