El documento cumplió con las exigencias de participación triestamental en su elaboración, y contempla los dos modelos exigidos por la Ley 21.369, correspondientes a prevención y sanción.
Aprobada en forma unánime y sin observaciones. Ése fue el resultado de la presentación de la nueva Política Integral de Género de la Universidad de Magallanes (UMAG), que hicieron ante el Consejo Académico las profesionales Sintia Orellana y Dayana Mora, directora de Género, Equidad y Diversidad, y encargada de la Unidad de Prevención y Acompañamiento en materias de Acoso, Violencia y Discriminación, respectivamente.
La sesión extraordinaria tenía como finalidad conocer el documento de más de 40 páginas, elaborado institucionalmente tras la publicación en el Diario Oficial el 15 septiembre de 2021, de la Ley 21.369,que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en elámbito de la Educación Superior. La norma impuso un año para la elaboración de la política, plazo que, de este modo, la Universidad cumplió, pues dentro de la semana que queda sólo resta su paso por la Honorable Junta Directiva.
¿Cómo se elaboró la política?
La ley dispone que las instituciones de educación superior implementarán mecanismos de apoyo psicológico, médico, social y jurídico para las víctimas y personas de la comunidad educativa que se hayan visto afectadas por los hechos denunciados. Al mismo tiempo, obliga a definirlos en una política surgida de un proceso participativo, criterio con el cual el equipo de profesionales en temas de género operó durante todo este año.
“Lo que hubo que hacer fue trabajar de manera triestamental, participativa. Se pedía también que esto fuera paritario, sin perjuicio de que eso es complejo porque todavía hay un tema cultural que impide que los hombres se involucren en estas temáticas; generalmente, somos mujeres las que terminamos participando”, explicó Sintia Orellana.
De este modo, la política se sometió a discusión en conversatorios, un cabildo y en el seno del Comité Triestamental Asesor en temáticas de género, todas instancias en las cuales se plantearon observaciones recogidas antes de presentar el texto ante el equipo rectoral y el consejo académico. “Nos queda la última instancia, que es la Junta Directiva”, afirmó la directora de Género.
¿En qué consiste la política?
Orellana explicó que la ley exige dos modelos de trabajo al interior de la Universidad. Uno estará dedicado a la prevención, a través de cursos, charlas, seminarios, instancias de diálogo y formación, además de la incorporación de la perspectiva de género en las mallas curriculares de las distintas carreras. Además, contempla la aplicación de un modelo de investigación y sanción, para lo cual la UMAG ya cuenta con una Fiscala de Género que efectuará todas las investigaciones surgidas de las denuncias por acoso sexual, violencia y discriminación de género que se presenten en la Unidad de Prevención y Acompañamiento.
La abogada a cargo de esta función comenzó a trabajar a partir de la última movilización estudiantil feminista de este año, entre cuyas exigencias estaba la aceleración de las gestiones para contar con personal especializado, que reemplace a las y los académicos que, hasta hace poco, realizaban estas investigaciones sin la preparación ni el tiempo suficientes. Hasta el momento ha estado avanzando en, al menos, una veintena de causas, y orgánicamente, depende de la Secretaría General, es decir, es independiente de la Dirección de Género, unidad que se dedicará a ejecutar el modelo de prevención.
“Después del 15 (de septiembre) el desafío es lograr que la implementación logre estos cambios culturales. Lo que necesitamos es también (…) avanzar en una política más amplia, más allá de la prevención del acoso. Necesitamos ya contar con nuestra política de igualdad de género y diversidades sexo genéricas, que es la que trae todas las líneas de transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas universitarias”, concluyó Sintia Orellana.
