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Las rectoras y rectores de las universidades estatales de Chile queremos expresar nuestra profunda preocupación respecto de la dirección que observamos ha tomado la propuesta de la Comisión Experta del proceso constitucional 2023 en relación a materias tan fundamentales como el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

La educación es un derecho humano fundamental y esencial para el desarrollo de las personas y las sociedades. La nueva Constitución debe consagrar adecuadamente este derecho y garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a una educación de calidad y equitativa, independientemente de su origen social, económico o cultural. Sin embargo, creemos que la propuesta de la comisión no cumple con este objetivo fundamental.

En primer lugar, nos preocupa que la propuesta no garantice el derecho a una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. La educación es un pilar fundamental del desarrollo humano y social, y la calidad de la educación es esencial para garantizar que los y las estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para participar plenamente en la vida social, económica y cultural del país. Sin embargo, la propuesta de la comisión no parece ofrecer una garantía suficiente de que promoverá la calidad de la educación en todos los niveles, no asegura una trayectoria educativa desde la educación parvularia hasta la educación superior, y mucho menos contiene una garantía de que se asignarán los recursos necesarios para lograrlo.

En segundo lugar, nos preocupa que la propuesta de la comisión priorice la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. La libertad de enseñanza es un derecho que debe ser protegido, pero no puede ser utilizado para justificar la falta de garantías efectivas para el legítimo ejercicio del derecho a la educación. La educación no puede ser vista simplemente como un bien de mercado, sino que debe ser considerada como un derecho humano y un bien público, que requiere una regulación y financiamiento adecuado por parte del Estado.

En tercer lugar, nos preocupa que la propuesta de la comisión no reconozca claramente el rol del Estado en garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos, en todos los niveles educativos, y en todo nuestro territorio. La educación pública es fundamental para el desarrollo de la sociedad y el bienestar de las personas, y su fortalecimiento debería ser una prioridad en la nueva Constitución. Sin embargo, la propuesta profundiza la lógica de igualdad de trato entre instituciones públicas y privadas, impuesta por la Constitución de 1980, y desconoce la importancia del Estado en la regulación, coordinación y financiamiento de la educación.

Finalmente, la propuesta no considera la desigualdad histórica que ha afectado a la educación pública en nuestro país, y no establece directrices claras para revertir esta situación. Es importante recordar que la educación pública ha sido durante décadas el pilar fundamental para la formación de ciudadanos de conciencias y críticos, y que su fortalecimiento es clave para lograr una sociedad más justa y equitativa.

Como rectoras y rectores de las universidades estatales, reiteramos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la educación pública en Chile, y nuestra disposición a trabajar de manera colaborativa y constructiva para alcanzar los objetivos que nos permitan construir una sociedad más justa, equitativa y desarrollada a través de la educación de calidad.  Instamos a los responsables del proceso constitucional a tomar en cuenta nuestras preocupaciones y a garantizar que la nueva Constitución refleje adecuadamente el derecho a la educación, el reconocimiento del rol del Estado y la importancia de la educación pública para el desarrollo y bienestar de nuestro país.”

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