El 25 de octubre de 2020, una abrumadora mayoría de chilenos y chilenas manifestaron en las urnas la voluntad de elaborar una nueva Constitución, a cargo de una Convención Constituyente, en un claro mensaje de la desconfianza y agotamiento que existe con la el actual modelo político y social. A mediados de mayo -si es que la condición sanitaria desatada por la pandemia lo permite- se deberán elegir a los y las integrantes de dicha convención. Sin embargo, ese es solo el primer paso para comenzar el debate ciudadano sobre el tipo de sociedad que queremos construir, y en cuyos pilares, tal como ha quedado de manifiesto tras el estallido social, no pueden estar ausentes la superación de la desigualdad y la exclusión, el respecto irrestricto a los derechos humanos y la construcción de un modelo económico y productivo basado en el desarrollo sostenible.

En este debate las universidades del Estado deberán tener un rol fundamental. No solo porque la ley 21.094 establece que deben contribuir en la formación de una ciudadanía crítica, reflexiva y democrática, fundamentada en la solidaridad social y el cuidado del medioambiente. Su relevancia radica, fundamentalmente, en el mandato que su vocación por lo público les exige para aportar en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y sostenible, especialmente en el contexto de crisis global que enfrentamos a causa de los efectos ambientales, sociales, económicos y culturales asociados al cambio climático.

Aún cuando son varias las casas de estudio que han organizado sus planes estratégicos 2020 – 2030 en torno a los desafíos del desarrollo sostenible propuesto por las Naciones Unidas, es fundamental que la formación ciudadana sea una las dimensiones clave dentro de las estrategias a implementar. Enfrentar los efectos de la crisis climática, productiva y civilizatoria requiere contar con académicos y académicas que orienten su investigación y docencia a la formación de personas que comprendan su ejercicio técnico y profesional como una acción política basada en la responsabilidad social, la autonomía y la conciencia crítica necesaria para comprender las estructuras de poder que mantienen las injusticias y la desigualdad, y los motive a participar activamente en la búsqueda de soluciones creativas que transformen los actuales modelos productivos para garantizar un futuro sostenible.

Por tanto, frente al desafío constituyente que tenemos ad portas, es fundamental que las universidades asuman su tarea formativa, investigativa y de gestión como un acción política en el sentido aristotélico, es decir, desde su compromiso público con la comunidad. Por ello, están llamadas a tener un rol relevante en la búsqueda de alternativas complejas y transdisciplinarias sobre las cuales los constituyentes puedan promover, en primer lugar, un nuevo modelo económico y de protección social solidario, consumerista y sostenible; y en segundo lugar, construyan alternativas de gobernabilidad que promuevan mayores espacios de participación democrática en la toma de decisiones, que se centren en los derechos humanos y la superación de las desigualdades, y que garanticen a todos y todas condiciones de vida dignas.

Carolina García González

Doctora en Ciencias de la Educación

Académica Universidad de Santiago de Chile

Coordinadora Pedagógica del Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima Chile

Parte de la Mesa técnica de formación ciudadana en la Educación Superior del Consorcio de Universidades del Estado de Chile