Santiago. Jueves 08.05.2014. CUECH. El vocero y Presidente de las Universidades Estatales, Rector Aldo Valle, señaló a partir de las críticas que ha tenido el Proyecto de Ley que crea la figura del administrador provisional para instituciones de Educación Superior en crisis que el Estado está colocando Estado donde antes no lo había y “lo que está ocurriendo con este proyecto es que el Estado se está haciendo responsable de la autorización que él mismo dio antes para que una institución de educación superior impartiera carreras, otorgara títulos y grados académicos”
“Como el Estado es quien autoriza a esa institución dándole el reconocimiento oficial y de esta manera, certificando y acreditando la calidad de esa institución, el Estado es quien también tiene el derecho y el deber de resguardar la fe pública comprometida en esas autorizaciones”, agregó.
El Presidente del CUECH y también rector de la U. de Valparaíso explicó además que no constituye ninguna amenaza al Estado de Derecho ni al derecho de propiedad porque tanto en la designación del administrador provisional como en la calificación de las causales están asegurados los controles administrativos, políticos y jurisdiccionales.
“El Estado debe actuar con la debida diligencia pública que se necesita para proteger a los estudiantes y que no vuelva a ocurrir el drama de los estudiantes de la U. del Mar que quedaron a la deriva, deambulando hasta el día de hoy sin poderse matricular en una universidad. El administrador provisional podría haber continuado el funcionamiento de la universidad y el gobierno queda políticamente obligado a hacerlo, ya no podría decir el gobierno como explicó en el caso de la U. del Mar, ‘es que no tengo facultades’”
Aldo Valle: “No veo por qué sería inconstitucional”
Con respecto a las antipatías que ha generado el proyecto explicó que están asociadas a que si bien admite que se trata de una solución parcial “contiene un principio antagónico con la libertad de comercio en educación, la que nunca quiere intervención”.
En relación a los dichos del rector de la UDP Carlos Peña, a que el proyecto sería inconstitucional señaló estar en absoluto desacuerdo pues “las atribuciones que se otorgan al administrador provisional ya están contenidas en una ley actual, que es la Ley de Aseguramiento de la Calidad del sistema escolar y que integra el ordenamiento jurídico vigente y que en su momento fue revisado por el Tribunal constitucional. O sea, la figura del administrador provisional ya existe en la legislación chilena vigente, entonces no veo por qué sería inconstitucional”
La autonomía del Administrador Provisional
Recalcó que en el Proyecto de Ley entregado el martes al Congreso, la figura del administrador provisional o de cierre depende de la decisión de un órgano que no pertenece a la administración del Estado que es el Consejo Nacional de Educación que no tiene un carácter político ni gubernamental, es un órgano autónomo, constituido por la Ley General de Educación
“Si el Ministerio quiere tomar alguna medida respecto de alguna institución y el CNE se niega, el Ministerio no tiene ninguna facultad para adoptar esas medidas, es el Consejo quien tiene la decisión final para que se pueda nombrar al administrador provisional o de cierre”
El Presidente de las estatales hizo un llamado a evaluar este proyecto con serenidad y no solo a partir de los intereses que se representan, pensando en los estudiantes y en sus familias que pueden verse expuestos a una amenaza tan grave como la que se produce cuando una universidad se arriesga a no seguir funcionando.
Fuente: Comunicaciones Consorcio de Universidades del Estado de Chile
