Faltan tres semanas para la segunda vuelta de la elección presidencial. Tiempo propicio para reflexionar y tomar decisiones.
Pero no solo para los ciudadanos, que ahora tienen dos opciones y pueden ver más claramente cuál consideran más adecuada para el país. Los propios candidatos aún tienen reflexiones y decisiones pendientes. Especialmente porque, durante la primera vuelta, no observamos en sus discursos algún énfasis en la importancia de las universidades estatales y sus planes para ellas.
En general, la educación superior tiene una importancia estratégica para el país. Entonces, ¿por qué enfatizar específicamente la situación de las universidades estatales? En primer lugar, por su prestigio, por la valoración positiva que hace la ciudadanía de estas instituciones, según lo muestran consistentemente las encuestas de opinión pública. Creemos que esto se debe a la evidencia: formamos profesionales altamente capacitados, con ética, responsables, respetuosos de los derechos humanos, comprometidos con el prójimo, implicados con sus territorios y el medio ambiente, conscientes de sus problemáticas y que quieren ser parte de las soluciones.
Es un activo que debe fortalecerse. El apoyo debe ser transversal y constante: una política de Estado, que vaya más allá del gobierno de turno. Independientemente del color político de quien ocupe la Presidencia de la República desde el próximo año, es fundamental que se continúe estimulando el trabajo de estas universidades, con exigencias en términos de calidad.
Por supuesto, para poder conseguir esta calidad se requieren insumos básicos, sustantivos, como permitir y potenciar la libertad que tienen las universidades, conceptualizada como “autonomía”. Autonomía para poder definir su propio devenir en términos de programas a entregar, duración de carreras, tipos de carreras (técnicas, profesionales), los programas de posgrado que ofrecen, áreas de investigación prioritarias y vinculación permanente con la ciudadanía, entre otros aspectos. La autonomía permite el crecimiento.
En este marco, hay que mencionar la importancia de un presupuesto adecuado para garantizar dicha autonomía. Basta con ver casos de otros países, donde el financiamiento se usa como herramienta de control para impedir la libertad de cátedra e incluso la libertad de expresión en las universidades.
Estas instituciones son un patrimonio del Estado, no del gobierno. Son las universidades que el país se ha dado. Pertenecen a todas y todos. La próxima persona que se siente en la oficina principal de La Moneda debe sentirlo así, acompañándolas y apoyándolas.
También exigiéndoles y apoyándose en ellas, por supuesto. Las universidades estatales tienen una capacidad demostrada para hacer estudios y diagnósticos de distinta naturaleza. Tienen la objetividad necesaria para proyectar el desarrollo del país, a diferencia de otros centros de estudio que acomodan sus respuestas a las preferencias de grupos de interés.
Las universidades estatales estamos arraigadas en el corazón de la gente, especialmente en las regiones, y somos el motor que genera los cambios que orientan el desarrollo sustantivo del país. Para que crezca, la mejor manera es apalancarlo a través de sus universidades estatales.
Columna de Carlos González, Rector de la Universidad de Playa Ancha, publicada en El Mercurio de Valparaíso, domingo 23 de noviembre de 2025 (acceso para suscriptores).