La iniciativa comenzaría a regir a partir del próximo año e involucrará a todas las carreras de pedagogía de las universidades estatales.
Los 16 rectores de los planteles estatales, reunidos en la Universidad de Antofagasta manifestaron su preocupación por la calidad en la formación de profesores y acordaron incrementar el puntaje mínimo a 500 puntos, para los más de 400 programas de pedagogía que en conjunto imparten 14 de las 16 universidades del Estado.
El rector Juan Zolezzi, Presidente del Consorcio de Universidades del Estado, valoró la iniciativa, la que busca además recoger los planteamientos de aquellas universidades ubicadas en regiones extremas, cuyo promedio PSU en pedagogías se encuentra bajo la media nacional. En este sentido, el Rector Zolezzi manifestó su preocupación por las universidades ubicadas en Punta Arenas y Arica, por ejemplo, y para las cuáles esta medida significa una disminución importante del universo elegible de alumnos.
“En las regiones extremas, donde la situación de los colegios públicos y subvencionados es dramática, va a haber una disminución en las postulaciones, lo que se traducirá en un déficit de profesores titulados necesarios para el sistema educacional”, señala Juan Iglesias, rector de la Universidad de Atacama.
Según Iglesias, se hace necesario incluir procesos remediales paralelos a la formación inicial de los estudiantes, para favorecer aquellos jóvenes que aún siendo talentosos, no alcanzaron los estándares mínimos, dado la calidad del establecimiento de origen.
No obstante a estos acuerdo, el rector Patricio Sanhueza de la Universidad de Playa Ancha insistió en la necesidad de establecer un aumento paulatino de las remuneraciones de los profesores, de manera tal que éstas sean equiparables a las de otro profesional universitario.
La decisión se enmarcó en el último consejo ampliado de los rectores de las Universidades Estatales, al que asistió el Jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte. En la ocasión, definieron la generación de una mesa de trabajo entre el Estado y sus universidades, para abordar materias como la desburocratización y el rol que cumplen los planteles estatales como garantes del bien público en un sistema de provisión mixto de educación superior.
