La educación pública en Chile atraviesa un momento decisivo. Actualmente está en plena implementación una de las reformas más grandes y ambiciosas que ha emprendido el Estado de Chile en las últimas cuatro décadas, la que considera la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), instituciones especializadas que gestionan la educación escolar y que buscan superar la grave crisis en que se vio sumida la educación administrada por los municipios, que tuvo un impacto económico, en la infraestructura y en los aprendizajes.
Esta colosal política devuelve al Estado su rol como garante de un derecho fundamental. Actualmente más de la mitad del nuevo Sistema de Educación Pública ya está funcionando, con 36 SLEP que suman más de 640 mil estudiantes y párvulos, y casi 119 mil docentes, asistentes de la educación y educadoras. Según el cronograma actual, el traspaso concluirá en 2029.
La instalación de los SLEP comenzó hace ocho años en aquellas zonas donde la crisis de la educación municipal era más grave, como Cerro Navia (SLEP Barrancas), comuna que sufría un déficit financiero y constantes paralizaciones docentes. El tiempo ha mostrado que la decisión de desmunicipalizar sus colegios fue correcta: en el Simce 2024 los estudiantes de 6° básico de ese SLEP registraron un alza en sus puntajes, al contrario de la tendencia nacional.
En su último informe, de febrero de este año, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública (que hasta ese momento integraba el ahora subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez) destacó que sus miembros “concuerdan en que se debe dar continuidad al proceso de cambio y que no es posible continuar con la actual administración municipal”. Sin embargo, recientemente el Gobierno anunció que evalúa hacer una pausa en el traspaso.
Todos los actores educativos han agradecido que el traspaso de establecimientos se evalúe permanentemente, pero también han concordado en que esta reforma debe continuar. Y en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) compartimos esta postura: el camino hacia la Nueva Educación Pública es un imperativo ético que no puede retroceder, pero que exige con urgencia perfeccionar su arquitectura financiera y su gobernanza territorial.
Uno de los mayores activos del nuevo sistema es su modelo de dirección profesional. A diferencia del sistema de administración municipal de la educación, los SLEP son liderados por directores ejecutivos seleccionados por Alta Dirección Pública, quienes permanecen seis años en sus cargos. Esta estructura permite que la educación trascienda los ciclos políticos y se enfoque en proyectos pedagógicos de largo plazo.
No obstante, para que este liderazgo sea efectivo, debemos dotar a estas direcciones de una flexibilidad administrativa regulada en beneficio de los progresos educativos. No es posible que la urgencia de una techumbre o la compra de materiales básicos deba esperar por una burocracia centralizada que asfixia la gestión en terreno.
También debemos abordar la debilidad financiera. Seguir entregando recursos a los colegios según asistencia mensual de estudiantes es una fórmula agotada e injusta, porque castiga a las escuelas más vulnerables, donde factores sociales externos afectan la presencialidad, generando una inestabilidad presupuestaria que castiga injustamente a las escuelas e impide cualquier planificación. Es urgente transitar hacia un financiamiento basal por matrícula o capacidad instalada, que asegure la operación digna de los establecimientos y que les permita implementar planes para mejorar la asistencia y reducir la desvinculación escolar.
El éxito de un SLEP se debe medir en diversos factores, siendo uno de ellos la mejora en los aprendizajes de sus estudiantes, y para ello es fundamental que cuenten con redes pedagógicas o comunidades de aprendizaje, donde las escuelas exitosas transfieran prácticas a las que están rezagadas, rompiendo el aislamiento docente y generando un soporte técnico pedagógico permanente.
También se requiere que los SLEP tengan un sentido de pertenencia, para lo cual es fundamental que los Consejos Locales tengan incidencia en los instrumentos de planificación, como el Plan Estratégico Local. También deben contar con el apoyo de las universidades como socias estratégicas, para lo cual proponemos que las facultades o escuelas de educación lideren comités técnicos dentro de estos Consejos. Igualmente, es vital implementar programas de capacitación para los consejeros (estudiantes, padres y asistentes).
Detener esta reforma sería estancarnos en un modelo municipal que ya demostró su agotamiento, y profundizar las brechas que intentamos cerrar. La respuesta responsable no es la parálisis, sino una “corrección en marcha” impulsada por la voluntad política de acelerar las mejoras necesarias.
Como Estado, debemos renovar nuestro compromiso con la educación pública, garantizando recursos estables, una gestión administrativa ágil y una participación comunitaria comprometida. Este camino exige poner el foco radicalmente en la sala de clases y en una dirección profesional que se preocupe de lo más importante: que las y los estudiantes aprendan más y mejor, en entornos propicios para su pleno desarrollo. El futuro de la educación pública no puede esperar a que el diseño sea perfecto para seguir caminando. La excelencia se construye avanzando con decisión, sentido de urgencia y la convicción de que este es el camino para garantizar de manera equitativa un derecho humano fundamental en todo el país.
Columna de Solange Tenorio, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, publicada en La Tercera (acceso con suscripción)