Por unanimidad, las rectoras y rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, acordaron esta semana en su plenario de junio aportar una mirada técnica al debate sobre la gratuidad universitaria como mecanismo de sanción para personas acusadas de vandalismo o incivilidades.
Las autoridades académicas sostuvieron que cualquier iniciativa que persiga fines deseables como mayor respeto cívico y mejor convivencia social se debe construir con más y mejor educación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
El llamado de las universidades estatales es a legislar con la premisa de que la educación es un derecho y no un beneficio social que se puede relativizar, suspender o derogar.
En tal sentido, la Presidenta del CUECH, rectora Marisol Durán de la UTEM, destacó el acuerdo de las universidades estatales en torno a sumar al debate público la postura técnica y científica del sistema de educación superior a la hora de legislar.
“Acabamos de ver cómo el Tribunal Constitucional rechazó en la ley de escuelas protegidas normas que afectaban el derecho a la educación y es importante tenerlo en cuenta en otras iniciativas legales. No estamos de acuerdo con que se use el derecho a la educación como forma de sancionar incivilidades. Necesitamos más educación. No menos. Haremos llegar nuestra postura jurídica y de principios a las autoridades del parlamento y del gobierno”, recalcó la rectora Durán.
Otras temáticas de interés nacional.
Durante el plenario mensual, las rectoras y rectores del CUECH también abordaron el interés político que ha surgido por revisar la duración de las carreras universitarias.
En esta materia, se planteó la necesidad de desarrollar el análisis sobre la base de evidencia comparada internacional y del aporte de especialistas, considerando que el modelo chileno presenta diferencias estructurales relevantes respecto de otros sistemas de educación superior. En Chile, las universidades otorgan títulos profesionales que habilitan directamente para el ejercicio de la profesión desde el momento de la titulación y cuya validez es permanente. En cambio, en muchos otros países, la formación profesional se organiza en ciclos sucesivos —como programas de grado y estudios profesionales o de posgrado— que deben completarse para acceder al ejercicio de la profesión. Además, la habilitación profesional suele depender de procesos adicionales de certificación, colegiación o licenciamiento, normalmente sujetos a renovación periódica.
A partir de estos antecedentes, se enfatizó que la discusión sobre la duración de los programas de educación superior debe centrarse, ante todo, en los perfiles de egreso que el país requiere para la formación de sus profesionales. Desde esa perspectiva, se destacó la importancia de avanzar hacia una mayor flexibilización de las trayectorias académicas, de manera que la organización de los estudios responda a los resultados formativos esperados y no exclusivamente a criterios de duración formal.
Finalmente, se analizó en el plenario el estado actual de la ciencia en el país y el aporte que realizan las universidades estatales en ese escenario. Al respecto, la red de vicerrectores de investigación del CUECH advirtió que el retroceso en la inversión pública que se observa en las últimas decisiones de la autoridad, pone en riesgo el desarrollo de proyectos de innovación en regiones y las posibilidades de transferencia tecnológica
