La reciente aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que modifica los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía fue recibida como una señal positiva por las universidades estatales. La iniciativa, que aún debe ser revisada por el Senado, busca detener el aumento de los puntajes exigidos por la Ley de Desarrollo Docente, evitando un impacto inmediato en la matrícula de las carreras pedagógicas para el año 2025 y 2026.
En entrevista con el programa Sonar Informativo de Sonar FM, el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del CUECH, Osvaldo Corrales, destacó que la aprobación del proyecto cambiará los requisitos para estudiar pedagogía, permitiendo atenuar los efectos negativos de mantener la norma anterior.
“De no aprobarse ayer, esto hubiese significado que más de la mitad de los estudiantes que se matricularon en el 2025 para estudiar pedagogía no hubiesen podido hacerlo”, explicó Corrales.
El rector advirtió que el problema de fondo es estructural y que la discusión sobre los puntajes no puede desvincularse del contexto social, económico y laboral en el que se desempeñan los docentes. “Esto no soluciona el problema, pero evita que se agrave”, sostuvo.
Desde el CUECH, las universidades estatales han defendido que una eventual alza de los requisitos de ingreso, sin mejoras paralelas en la carrera docente, habría significado un golpe directo a la formación de profesores, especialmente en regiones extremas donde ya escasean los postulantes. Corrales insistió en que el país enfrenta una “emergencia pedagógica” y que las políticas de admisión deben adaptarse a esa realidad.
Una emergencia docente estructural
Durante la conversación, Corrales fue enfático en señalar que la crisis en la formación de profesores no se origina en los puntajes de ingreso, sino en la pérdida de atractivo de la carrera docente. Según comentó, en los últimos diez años se ha producido una baja superior al 40% en el interés por estudiar pedagogía, una tendencia que amenaza la continuidad de programas formativos en varias regiones.
“Hay regiones donde ya casi no pueden dictarse carreras de pedagogía. Tenemos una emergencia pedagógica”, advirtió.
El presidente del CUECH explicó que el alza de puntajes prevista en la Ley de Desarrollo Docente se basó en supuestos que no se cumplieron. Según lo dicho por el rector, esa norma asumía mejoras en las remuneraciones, el clima escolar y las condiciones laborales del profesorado.
Sin embargo, esas transformaciones no se concretaron. Por el contrario, señaló Corrales, “hemos visto un deterioro progresivo en las condiciones en que se ejerce la labor docente, profesores que son agredidos, que enfrentan situaciones muy complejas al interior de los establecimientos educacionales”.
A su juicio, ese escenario ha debilitado tanto la vocación inicial como la permanencia de quienes ya ejercen. “Muchos profesores y profesoras que se titulan abandonan la carrera docente al segundo o tercer año”, agregó.
El rector también puso énfasis en la desigual distribución territorial del problema. Mientras las universidades de Santiago mantienen cierto flujo de matrícula, en el norte y extremo sur del país algunas instituciones ya no pueden abrir programas por falta de postulantes, recurriendo a profesionales de otras disciplinas para cubrir la escasez de docentes.
En ese contexto, Corrales advirtió que las universidades del Estado están sosteniendo la mayor parte de la formación pedagógica, pese a representar solo el 16% de la matrícula general de la educación superior.
Requisitos con enfoque territorial y una política de Estado para la educación
El rector Corrales abordó también el contenido técnico del proyecto aprobado, destacando que no se trata de eliminar exigencias, sino de ajustar los criterios de ingreso con un enfoque territorial y más realista. Los nuevos requisitos serán definidos por el Comité Técnico de Acceso a la Educación Superior, incorporando indicadores regionales y de rendimiento escolar, no solo los resultados de la prueba de admisión.
“Tratamos al país como que todo fuese Santiago, cuando la situación en Arica o Magallanes es muy diferente”, señaló Corrales, cuestionando lo que denominó un “centralismo cognitivo” que desconoce la diversidad educativa del territorio.
El rector también se refirió a las críticas de algunos sectores políticos que acusaron un debilitamiento de los estándares de ingreso. Rechazó esa interpretación y sostuvo que el puntaje no es un predictor confiable del desempeño profesional, según lo ha demostrado el propio DEMRE. “Pensar que mayores puntajes garantizan mejores profesionales es más intuitivo que real. El proceso formativo es capaz de transformar las trayectorias vitales”, afirmó.
Para Corrales, la verdadera solución está en avanzar hacia una política de Estado en educación, capaz de sostener transformaciones más profundas y duraderas. “Los resultados en educación se dan en ciclos largos, que superan la duración de un gobierno. Necesitamos políticas coherentes y consistentes en el tiempo”, subrayó.
Además, advirtió que la discusión parlamentaria debe incorporar evidencia técnica y una visión de largo plazo. “Subir los puntajes no mejora la calidad de la educación; lo que iba a ocurrir es que nos quedaríamos sin estudiantes de pedagogía”, sostuvo.
Finalmente, Corrales reafirmó la disposición del CUECH y del Consejo de Rectores a seguir colaborando en el diseño de políticas educativas integrales, centradas en la equidad territorial, el fortalecimiento de la carrera docente y el rol público de las universidades estatales. En sus palabras, “la educación debe dejar de ser un arma arrojadiza entre distintos sectores políticos” y transformarse en una prioridad nacional sostenida.
