Desde que fue ingresado al Congreso, el proyecto que pone fin al CAE y crea un nuevo sistema de Financiamiento de Educación Superior (FES) ha sido cuestionado. En general, se apunta a problemas estructurales.
Para exponer la mirada del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), la semana pasada, el presidente (s) del organismo, Sebastián Izquierdo Ramírez, asistió a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la ocasión, expuso algunos riesgos fiscales que observa el CFA en el proyecto: según él, el informe financiero de la iniciativa muestra que el FES generaría un ahorro fiscal neto respecto a la situación actual, lo que podría variar si se materializan algunos riesgos detectados, por ejemplo que el crecimiento de salarios podría ser distinto al al proyectado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), que estima un crecimiento real anual del 2%. Lo anterior podría afectar las contribuciones que realicen en el futuro los estudiantes que hayan financiado la totalidad o un porcentaje de sus estudios con el FES. Además, la posibilidad de que un porcentaje considerable de profesionales busque evitar el cobro por medio de un trabajo informal, es un elemento que se llamó a tener en cuenta.
Para concluir, indicó que se deben conocer cuáles son los eventuales impactos del proyecto, “simularlos y, también, buscar medidas de mitigación, porque todo proyecto trae riesgos”. Esto no quiere decir que la entidad esté en contra de la iniciativa, como señaló el ministro Mario Marcel. Comparto esta apreciación. Sin dudas, exigir un análisis riguroso de los riesgos sin que eso implique oponerse al proyecto en sí es perfectamente legítimo.
Si bien se observa una apertura del gobierno a escuchar a distintos sectores, las críticas desde actores que se ven amenazados, no se detienen. Cartas al director, columnas, comentarios, entre otros formatos, han sido utilizados en medios de comunicación para señalar que la iniciativa tiene por objetivo desfinanciar a las universidades con la fijación de los aranceles de la carreras; que al egresar, las personas pagarán más del precio real de las carreras; que es peor que el CAE; que es el “proyecto estrella” del gobierno y, por eso, la urgencia de aprobar, entre otras frases que intentan restar valor al proyecto.
No obstante las críticas, también existen visiones positivas. Lorraine Dearden, economista de la University College London (UCL) y Nicholas Barr, académico de London School of Economics (LSE) asistieron el 4 de junio de este año a una de las audiencias de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco de la tramitación del proyecto, dada su condición expertos en materias de financiamiento de la educación superior. Durante su exposición, la académica señaló que uno de los hallazgos encontrados en su estudio, titulado “Reforma a los créditos estudiantiles en Chile: Simulando las implicancias del Nuevo Instrumento Público de Financiamiento a la Educación Superior (FES)”, fue que el FES podría mejorar de manera concreta la equidad y eficiencia del sistema de educación superior. También, apuntó a que las personas que estudiaron con CAE, actualmente, pagan mensualidades que, en promedio, corresponden al 14,3% de sus ingresos, mientras que, con el nuevo instrumento, dicho pago descendería a un 3,9%. Me parece que esto también es importante de relevar en la discusión pública, ya que el bienestar de las personas es un objetivo ineludible del Estado.
Otro foco de críticas, ha sido el supuesto triunfo político-generacional que tendría una rápida aprobación del FES. El “gran premio” o el “gran legado” que dejaría el presidente Gabriel Boric. Algunos esgrimen que cada revés parlamentario que sufre el gobierno en Educación, retrasa la aprobación del proyecto y eso tendría “nerviosas” a las autoridades de la cartera. Cuesta probar la objetividad de estas aseveraciones.
Como toda iniciativa de ley, esta es también perfectible. Pero desde una mirada contributiva, en el entendido de que es una mejor alternativa a lo que hoy existe. Pese a lo negativo, el Crédito con Aval del Estado, sistema que se elimina con el FES, en su momento permitió que miles de personas ingresaran a la educación superior. Lamentablemente, con el paso del tiempo, se convirtió en una espada de Damocles para miles de chilenas y chilenas, situación que, actualmente, afecta no sólo al egresado, sino que a familias enteras, haciendo más crítica la situación.
Hoy, la discusión del financiamiento de la educación terciaria sigue en el Congreso. No sabemos cuál será la forma final que adopte. Sin embargo, como representante de una universidad estatal, considero importante enfatizar que requerimos de una discusión constructiva, acorde a las necesidades del sistema de educación superior y de los actuales y futuros estudiantes, por su rol estratégico para el desarrollo del país. Necesitamos que el análisis que se haga en el hemiciclo y en los medios de comunicación se funde en análisis y datos objetivos y se nutra de visiones que reconozcan las urgencias del presente, porque acá está en juego el futuro de un bien mayor: la Educación Superior de Chile.