Mucho ruido ha generado el oficio de la Subsecretaría de Educación Superior por parte de las universidades privadas que reciben, de alguna u otra manera, fondos públicos. Mientras las universidades estatales estamos sujetas a las exigencias rigurosas de rendición de cuentas, las universidades privadas que reciben recursos del Estado operan bajo un manto de opacidad, sin las mismas exigencias de transparencia.
Más que una acción de control, fiscalizar representa una obligación establecida por la Ley 21.091 sobre Educación Superior, que en sus artículos 19 y 20 define como función y atribución de la Superintendencia conocer los estados financieros de las instituciones. La educación es un derecho y ello hace prioritario que el Estado establezca un monitoreo proactivo respecto a todo aquello que atañe a su funcionamiento.
El Estado transfiere miles de millones de pesos en becas, créditos, subsidios, fondos para investigación, entre otros, a universidades públicas y privadas. Sin embargo, las exigencias de rendición de cuentas no son las mismas para todos. Mientras algunas justificamos peso por peso el uso de estos recursos, otras simplemente no lo hacen.
En el Chile actual, la transparencia no puede seguir siendo una carga selectiva. El año pasado, la opinión pública discutió respecto a un polémico caso donde una ex candidata a la elección municipal percibía un sueldo millonario de una casa de estudios superiores de carácter privado.
En el caso de las universidades del Estado, el gasto asociado a remuneraciones del personal se encuentra debidamente normado y supeditado a una serie de exigencias, lo cual se puede corroborar en sus portales oficiales. Para las universidades privadas, esta no es una obligación.
La transparencia no es falta de autonomía. Cuando el Estado transfiere recursos, lo hace a nombre de toda la sociedad chilena, lo que conlleva un compromiso ineludible: rendir cuentas con claridad y responsabilidad.
En países como Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa, toda institución que recibe fondos públicos debe transparentar el uso de estos. Y ello no se trata de una mera desconfianza hacia el sector privado o una persecución.
Al contrario, insistir en la transparencia es demostrar, nuevamente, que estamos del lado del fortalecimiento al sistema de educación superior, protegiendo a nuestras comunidades y garantizando los principios de probidad y equidad.
Con esto no pretendo cerrar el debate, más bien busco abrirlo. Las universidades somos las primeras en establecer la necesidad de diálogo para llegar a acuerdos y construir, de manera colectiva, políticas públicas que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad. Sin embargo, en tiempos donde juntos y juntas decidimos quiénes nos gobernarán por los próximos cuatro años, es nuestro deber posicionar el tema del correcto uso de los recursos públicos.
Un Estado moderno, eficiente, proactivo y transparente es uno de los elementos que fortalecen nuestra democracia, y las instituciones de educación superior debemos responder a este llamado.
Cuando el dinero es público, la rendición también debiese serlo y en eso no tenemos matices. El llamado es a sentarnos, a dialogar para ver la mejor forma de hacerlo. El correcto uso de fondos públicos es un acto de confianza que nos da toda la ciudadanía. En tiempos de creciente desconfianza hacia las instituciones, las universidades debemos ser ejemplo de transparencia y responsabilidad. No podemos permitirnos decepcionar.
- Publicado en BioBioChile