El CAE como mecanismo inviable, insostenible y regresivo
En primer lugar, el CAE genera un costo fiscal anual elevado y en constante aumento. Esta dinámica se explica, en gran medida, por la ausencia de una restricción presupuestaria vinculante, lo que permite a las instituciones de educación superior definir libremente el número de vacantes, generando una expansión de la matrícula que ha sobrepasado la capacidad del sistema.
En segundo término, la tasa efectiva de recuperación del CAE es baja y decreciente. Esto significa que una proporción significativa del crédito no es devuelta por los beneficiarios, por lo que el Estado termina asumiendo el pago a las entidades financieras, incrementando la presión fiscal año tras año.
En tercer lugar, el Estado subsidia la tasa de interés, la cual dista de las condiciones del mercado. Este subsidio implica, a su vez, un gasto público recurrente.
En cuarto lugar, los activos financieros asociados al CAE, aunque puedan registrarse contablemente como recuperables, en la práctica corresponden en su mayoría a cuentas incobrables, lo que distorsiona la evaluación real del instrumento.
En quinto lugar, la empleabilidad de los egresados beneficiarios del CAE se encuentra, en una proporción importante, por debajo de las expectativas inicialmente proyectadas, lo que hace inviable exigirles la devolución de una deuda en condiciones laborales precarias o de informalidad.
Todo lo anterior permite concluir que el CAE constituye un mecanismo financieramente poco viable, fiscalmente insostenible y socialmente regresivo. Su reemplazo resulta, por tanto, no solo deseable, sino necesario.
Proyecto FES: un avance que requiere mejoras
Frente a este diagnóstico, se plantea la interrogante acerca de la viabilidad del FES como mecanismo de financiamiento tanto para los estudiantes como para las instituciones de educación superior, en un marco de responsabilidad presupuestaria.
En este sentido, si bien el FES representa un avance, requiere mejoras para considerarse como una alternativa eficaz y eficiente.
1. Lo primero es que el FES debe ofrecer una opción real y flexible a las y los estudiantes, adaptándose a sus trayectorias laborales futuras y minimizando el riesgo de incumplimiento. Diseñar un sistema de pago contingente al ingreso, que considere las marcadas diferencias de empleabilidad asociadas al tipo de carrera, institución y contexto socioeconómico del estudiante parece razonable. Pero, es indispensable realizar simulaciones rigurosas que permitan anticipar el comportamiento de adhesión al sistema, así como caracterizar adecuadamente a los grupos que harán uso del mismo y evaluar los incentivos que existirán para buscar otros mecanismos.
2. Lo segundo, es que el FES debe constituirse en una fuente de financiamiento estable para las instituciones de educación superior, garantizando su sostenibilidad económica. Para alcanzar este objetivo, se sugiere permitir mecanismos de copago en los deciles 7, 8 y 9 de la población, así como asegurar flujos regulares y suficientes de recursos públicos que brinden certezas financieras a las instituciones.
3. El tercer punto es que el nuevo instrumento debe ser fiscalmente más eficiente que el CAE. Esto implica no solo reducir el gasto público asociado, sino también evitar la acumulación de deuda incobrable y establecer un diseño institucional que maximice la recuperación efectiva de los fondos. La robustez metodológica de las simulaciones económicas que sustenten esta propuesta es, en este aspecto, una condición sine qua non. Igualmente, deben evaluarse los incentivos que podrían tener algunas instituciones para trasladarse al sistema de gratuidad.
Un nuevo modelo de financiamiento
El CAE ha permitido una expansión significativa de la matrícula e ingresos, favoreciendo las posibilidades de desarrollo de varias instituciones. Esta situación, que tiene aristas positivas a nivel individual, genera incentivos para mantener el statu quo. No obstante, resulta imperioso reconocer que el gasto fiscal real asociado al CAE es insostenible y que, en algún momento, será inevitable sincerar la magnitud de la incobrabilidad de su cartera.
En este escenario, el FES debe erigirse como una alternativa no solo más justa y sostenible, sino también capaz de sentar las bases de un crecimiento cualitativo del sistema de educación superior chileno. Para ello, debe asegurar un equilibrio virtuoso entre los intereses de las y los estudiantes, de las instituciones y del Estado, avanzando hacia un modelo más coherente con los principios del bien común.
Finalmente, es necesario señalar que subsiste una discusión de mayor alcance: la necesidad de transitar hacia un modelo de financiamiento que vaya más allá del crédito estudiantil y que fortalezca la capacidad de las instituciones públicas y aquellas con fines y vocación pública para que puedan desplegar sus funciones misionales al servicio de los territorios.
- Publicado en BioBioChile