Valparaíso. — En el marco del debate legislativo por la Ley de Presupuesto 2027, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile expuso la postura común de las 18 instituciones de educación superior pública del país, sobre los preocupantes recortes de recursos propuestos por el gobierno, que ponen en riesgo programas formativos, científicos y servicios sociales que brinda el sistema a más de 200 mil estudiantes, sus familias y comunidades regionales.
La Presidenta del CUECH, rectora de la UTEM, Marisol Durán, y la vicepresidenta del Consorcio, rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, abogaron por fortalecer y no precarizar la educación como motor de inclusión, equidad, democracia y desarrollo local.
Las instituciones del Estado enfatizaron que, comprendiendo las restricciones fiscales del país, el proyecto actual concentra más del 90% de la reducción propuesta en las instituciones públicas, poniendo en riesgo la equidad, la investigación y la presencia universitaria en las regiones.
“Las decisiones que se están tomando hoy día en un presupuesto van a ir mucho más allá de este año; no podemos retroceder como país en décadas. Francamente va a ser un deterioro y un retroceso para nuestro país”, advirtió la rectora Marisol Durán Santis.
La cabeza del directorio del CUECH enfatizó que ”este presupuesto golpea fuertemente a las universidades del Estado (…) Impactamos a más de 40.000 trabajadores y trabajadoras, y a más de 200.000 estudiantes a lo largo de todo el país. Aportamos más del 40% de la producción científica y esto significa romper con una propuesta de desarrollo económico y social que hemos construido a lo largo de décadas. Creo que es necesario revisar la partida”, sentenció Durán.
Por su parte, la rectora Alejandra Mizala puso acento en el riesgo que implica reducir los fondos para el funcionamiento del DEMRE y la correcta gestión de la Prueba PAES en todo el país: “No se resuelve la situación del DEMRE porque hoy día lo que aparece en el presupuesto es menor que los recursos que teníamos el año pasado y se va a generar un déficit muy importante”.
“No tener esos recursos significa tener muchas menos sedes para tomar la PAES de invierno, lo que es enormemente injusto para los estudiantes de regiones y para los estudiantes de territorios apartados. Lo mismo con el apoyo que el DEMRE hace a los estudiantes en situación de discapacidad. No estamos solicitando un aumento de recursos, estamos solicitando que se mantengan los recursos del año pasado”, acotó la rectora de la Universidad de Chile.
Impacto y presiones financieras sobre la educación pública
De acuerdo con el informe técnico presentado por el CUECH, el sistema de educación superior acumula dos recortes sucesivos que suman una reducción de $102.553 millones en comparación con la Ley Inicial del 2026 ($66.920 millones rebajados por decretos durante 2026 y $35.633 millones descontados en el proyecto 2027). A esto se suma una pérdida de poder adquisitivo estimada en $50.551 millones debido a la aplicación de un inflactor presupuestario del 2,88%, por debajo de la inflación proyectada del 4,3%
Esta contracción ocurre en un escenario de costos fijos e inflexibles para los planteles: el 69% de los ingresos institucionales se destina a remuneraciones, a lo cual se añade un costo adicional estimado en $22.000 millones en 2027, derivado del incremento en la cotización previsional de cargo del empleador (Ley N°21.735).
Asimismo, el CUECH objetó la restricción al uso de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), cuyos topes de utilización se reducen de 45%/30% a 35%/20%, impidiendo el acceso a $24.925 millones en recursos propios que no representan gasto fiscal.
A ello se agregan disminuciones en instrumentos clave como la Gratuidad Universitaria (-$37.749 millones a nivel global, equivalentes a ~$13.600 millones menos para los planteles estatales) y el programa PACE (-$671 millones).
El CUECH recordó que las universidades del Estado cumplen funciones públicas estratégicas más allá de la formación docente: el 87% de sus matriculados proviene de establecimientos con subvención estatal y el 61% estudia con gratuidad. En regiones como Atacama, Magallanes y Aysén, constituyen la única opción universitaria presencial en el territorio, representando el 92% de la oferta en Arica y Parinacota y Tarapacá. Además, generan el 40% de la producción científica nacional y han formado a más del 40% de los médicos especialistas que ejercen en el país.
Cinco propuestas concretas del CUECH para la Ley de Presupuesto
Para resguardar las capacidades públicas sin descuidar la responsabilidad fiscal, el CUECH planteó cinco medidas urgentes ante el Congreso Nacional:
- Reponer la base presupuestaria de 2026: Reintegrar $9.355 millones recortados vía decretos (restituyendo el programa ADAIN por $3.182 millones, $5.144 millones en bonificaciones al retiro y $1.029 millones en AIUE) y revertir la rebaja de $24.234 millones en aportes basales.
- Restituir instrumentos de equidad y desarrollo regional: Reponer el fondo de Educación Superior Regional ($10.569 millones) y resguardar la cobertura del programa PACE al menos en su valor reajustado.
- Liberación de fondos propios (FSCU): Elevar los porcentajes de uso de excedentes del Fondo Solidario al 100% y agilizar la tramitación de los reglamentos correspondientes.
- Mecanismo de reajuste acorde a costos reales: Establecer un reajuste que reconozca la inflación real (IPC), el reajuste del sector público y el impacto de la reforma previsional.
Garantizar transferencias oportunas: Fijar una glosa con un calendario preciso de transferencias de fondos para evitar deudas flotantes y retrasos operativos en los proyectos institucionales
