En Chile las universidades estatales, que cumplimos una función pública más allá del mercado, y no somos financiadas íntegramente por el Estado. Los aportes basales que nos entregan cubren solo entre un 10% a un 15% de nuestros presupuestos, obligándonos a competir por recursos y generar ingresos.
Esta realidad se agrava con la reducción sostenida de recursos. En 2026, nuestros montos disminuyeron en más de $20 mil millones por el termino programado de proyectos de fortalecimiento e iniciativas ministeriales. Para 2027, se proponen nuevas bajas como MM$ 7.648 millones menos en AFD y MM$ 13.184 menos en AIUE, además de reducciones en investigación y gratuidad, con efectos concretos para nuestros estudiantes, familias y la sociedad.
Las universidades estatales tenemos una responsabilidad que va más allá de la “rentabilidad”. Formamos profesionales, desarrollamos ciencia, preservamos patrimonio y cultura, generamos conocimiento y respondemos a nuestros territorios.
También sostenemos carreras indispensables que, por su baja demanda o altos costos, no logran autofinanciarse. Sin mecanismos que reconozcan esta realidad, su continuidad queda en riesgo. Y cuando desaparece una carrera estratégica, como una pedagogía, no solo se pierde oferta académica, sino capacidades difíciles de recuperar.
En Tarapacá, esta responsabilidad es aún mayor. Una universidad pública, regional y de zona extrema como la Universidad Arturo Prat no solo está en el territorio, forma parte de él y contribuye a su desarrollo.
La discusión presupuestaria, que hoy se vive en el Congreso, no debe centrarse en cuánto se aporta a las universidades estatales, sino en cuánto le costará a Chile continuar debilitándolas para su rol de formadoras de futuras generaciones, productoras de conocimiento y generadoras de nuevas oportunidades para las regiones y el país.
