En Chile, mucho se comenta sobre la calidad en la educación, y con justa razón aspiramos a que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan más y mejores oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, pocas veces recordamos una verdad esencial: la calidad educativa depende, en gran medida, de contar con suficientes profesores bien preparados, motivados y reconocidos. Sin ellos, cualquier reforma o política resulta incompleta.
El panorama es preocupante, por cierto, dado que en el proceso de Admisión 2024, casi un tercio de las carreras de pedagogía ofrecidas por el conjunto de universidades chilenas no completó sus vacantes y, a partir de 2025, con requisitos de ingreso aún más altos, más de 280 programas en todo el país podrían verse afectados. No es aventurero señalar que si seguimos por este camino, no solo tendremos menos estudiantes de pedagogía, sino también menos profesores en las salas de clase. Se trata de una situación que, de mantenerse, provocará un daño irreparable en la formación inicial docente y en la cobertura educativa de la educación parvularia, básica y media.
Este problema golpea con especial fuerza a regiones como la nuestra. En la Región de Antofagasta ya sabemos lo difícil que es contar con docentes suficientes. Faltan profesores en áreas claves como matemáticas, ciencias y educación diferencial, y cubrir vacantes en escuelas rurales o apartadas se vuelve cada año más complicado. Reducir aún más la matrícula en pedagogías significa profundizar un déficit que se traduce en inequidad educativa para nuestros niños y jóvenes.
La intención de subir estándares es positiva, pero cabe la pregunta: ¿es esa la mejor vía para garantizar la ansiada calidad? La experiencia indica que cerrar las puertas no garantiza mejores docentes. Lo que realmente necesitamos es acompañar a los estudiantes con vocación, brindar apoyos académicos efectivos y, ante todo, valorar socialmente la docencia.
Aquí está el punto clave: nadie elegirá ser profesor si la carrera sigue siendo percibida como precaria, con egresados mal remunerados y poco reconocidos. Además, es imprescindible mejorar las condiciones en las cuales se ejerce la docencia: asegurar respeto hacia los profesores por parte de estudiantes, apoderados y la comunidad educativa en general; reducir la carga burocrática; otorgar espacios adecuados de trabajo; y promover un ambiente de convivencia basado en el reconocimiento mutuo. Necesitamos políticas que dignifiquen la profesión: mejores sueldos, proyección real de carrera y un reconocimiento social que devuelva al profesorado el lugar que merece en la sociedad.
Como universidad pública y regional, la Universidad de Antofagasta reafirma su compromiso con la formación de nuevos docentes. Pero también hacemos un llamado a escuchar a quienes trabajan día a día en las aulas y conocen mejor que nadie esta realidad. La crisis de la profesión docente no se resolverá únicamente con puntajes de ingreso. Se resolverá cuando, como país, decidamos valorar a nuestros profesores no solo con palabras, sino también con acciones concretas y mejores condiciones de vida.
El futuro de Chile depende de ello. Y ese futuro empieza hoy, en cada decisión que tomemos sobre cómo y a quiénes formamos para enseñar.
Prof. Marcos A. Cikutović Salas, PhD.
Rector de la Universidad de Antofagasta