Frente a la propuesta presupuestaria que el Gobierno presentará al Parlamento para 2027, las rectoras y rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, manifestaron esta semana su preocupación ante la posibilidad de nuevos recortes en la educación superior pública, que pondrían en riesgo la estabilidad financiera de las 18 casas de estudio que integran el sistema estatal.
En lo que va del 2026, las universidades estatales han sufrido un ajuste fiscal directo que significó perder más de 20 mil millones de pesos en relación al año anterior. A lo que se suma un escenario más restrictivo en inversión para ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, donde 23 de 28 asignaciones del Ministerio de Ciencia vinculadas con universidades fueron reducidas en más de 22 mil millones de pesos, respecto del presupuesto original aprobado por el Congreso Nacional para ese campo.
La Presidenta del CUECH y rectora de la UTEM, Marisol Durán Santis, alertó que ya no existe el más mínimo margen para nuevos ajustes presupuestarios adicionales, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de las universidades.
“El sistema de financiamiento estatal actual está agotado y si al ajuste fiscal que ya se nos aplicó este año se suma un presupuesto aún más restrictivo para 2027, se pone en riesgo la viabilidad financiera y la misión pública de las universidades del Estado”, declaró la Presidenta del CUECH.
“Desde el Consorcio rechazamos cualquier recorte adicional a los ya realizados porque es éticamente inviable pretender el fortalecimiento de la educación pública mediante la reducción de recursos destinados a su funcionamiento esencial y a su contribución al desarrollo nacional”, agregó la rectora.
Impacto en Regiones y zonas extremas
La red de universidades estatales ya enfrenta una disminución acumulada del 6,6% en su presupuesto total, particularmente grave en su impacto para zonas extremas, donde se eliminaron recursos destinados a universidades en territorios críticos en torno a los 10 mil millones de pesos.
También se eliminaron fondos esenciales destinados a actividades de interés regional y vinculación territorial, debilitando el impacto de las universidades en sus entornos locales y afectando los servicios que prestan a las comunidades regionales.
Para las rectorías del CUECH, además del ajuste directo en la partidas de educación, preocupa que se siga recortando la inversión en ciencia y tecnología porque representa una destrucción de capacidades instaladas que el país no puede permitirse. “Estos ajustes no son meros ahorros contables, sino que hipotecan la soberanía científica de Chile”, afirmaron desde el Consorcio.
“Si una universidad pierde los recursos para desarrollar un laboratorio, hay un costo inmediato, pero también uno futuro. Se interrumpe el trabajo de los investigadores y después hay que reconstruir metodologías y vínculos con las empresas. Estas disminuciones perjudican el desarrollo del país y de las regiones”, recalcó Durán.
El Diagnóstico de los rectores: “Un Modelo Agotado”
El CUECH sostiene que el modelo de financiamiento actual, centrado en la gratuidad vía aranceles regulados, ha llegado a su límite de efectividad, lo que sumado a un marco regulatorio asimétrico y obsoleto para la gestión administrativa de los recursos, pone en jaque a las universidades ante nuevas restricciones presupuestarias.
“La política de gratuidad para las familias es muy valiosa, pero su diseño actual solo financia parcialmente la docencia de pregrado, desatendiendo las obligaciones legales que las universidades estatales debemos cumplir en otras áreas críticas como la Investigación científica y tecnológica de vanguardia; la extensión cultural y preservación del patrimonio nacional; así como las actividades que aportan directamente al desarrollo estratégico de las regiones y descentralización del país”, sostuvo la presidenta del CUECH.
Junto al déficit financiero, las universidades estatales enfrentan una desventaja estructural respecto al sector privado debido a la rigidez administrativa que las afecta. La normativa actual entorpece gestiones críticas, como la compra de activos o equipamiento especializado en el extranjero, el desarrollo de infraestructura, y la capacidad de endeudamiento eficiente. Resulta imperativo avanzar hacia una modernización legal que permita a las instituciones una gestión ágil de recursos propios, eliminando burocracias que hoy frenan el avance de la ciencia y la formación, concluyeron las rectoras y rectores del CUECH tras su plenario mensual.
