Realizado en modalidad telemática, en el encuentro organizado por el Observatorio Desigualdades y Políticas Públicas (ODPP) de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso intervinieron la académica e investigadora de ese plantel, Elena Salum, y el abogado Peter Sharp, consultor internacional y fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta.
Tras sus respectivas presentaciones, ambos intercambiaron puntos de vista y respondieron preguntas, como parte de un interesante y fluido diálogo que moderó la profesora Sara Salum, coordinadora del ODPP.
Actores invisibilizados
El abogado Peter Sharp fue el primero en hacer uso de la palabra. Durante su exposición se refirió, en primer lugar, a la situación del acceso a la justicia que enfrentan los niños, niñas y adolescentes a nivel global, si bien abordó en particular la realidad que en este ámbito exhiben el continente americano y, por cierto, Chile.
Al respecto, argumentó que este grupo etario es frecuentemente invisibilizado por los sistemas legales, fenómeno que el consultor no dudó en catalogar de injusto. En tal sentido, precisó que si bien ha habido notorios avances en las leyes, la literatura y la tecnología —como la inteligencia artificial—, esa sensación injusta persiste debido a estructuras judiciales debilitadas y procesos que los ciudadanos perciben como “borrosos” u ocultos.
“El ecosistema de justicia —no solo de Chile, sino de América Latina— en el que me ha correspondido participar activamente en la elaboración de varias políticas de justicia abierta y planes de acción, la infancia y la adolescencia son sin duda un actor en muchos casos invisibilizado y ausente. Eso se llama injusticia, no tiene otro nombre”, acotó.
Por lo anterior, Sharp planteó la urgente necesidad de implementar una justicia que se funde en la transparencia, la participación y la colaboración para proteger a quienes —en su opinión— han sido vulnerados en forma permanente a lo largo de la historia.
Asimismo, enfatizó en la importancia de emplear un lenguaje claro, que permita a niños, niñas y adolescentes comprender los procesos judiciales, para superar así las barreras técnicas del derecho. Junto con ello, abogó por la creación de una red institucional coordinada que garantice la protección real frente a amenazas como el crimen organizado.
“De eso se trata cuando hablamos de justicia abierta con perspectiva de protección de la infancia. Y así lo ha señalado el protocolo de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes del Poder Judicial de Chile. Esperamos que el camino que viene sea no un camino de justicia cerrada como el que tenemos, sino más bien un camino de justicia abierta que se construya a partir del diálogo y poniendo en el centro a los jóvenes”, dijo Sharp.
Finalmente, el consultor internacional y fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta hizo un llamado a transformar la cultura judicial, para que el Estado de Derecho sea verdaderamente inclusivo y cercano a los niños, niñas y adolescentes y el sistema de justicia deje de ser cerrado, para convertirse en un espacio que ponga en el centro las necesidades y la comprensión de ese grupo etario.
Deuda pendiente
Por su parte, la profesora Elena Salum centró su presentación en la deuda histórica que a su juicio mantiene el Estado chileno con la protección efectiva de la infancia y la adolescencia, debido a su incapacidad para escuchar y acoger efectivamente a esta población, a pesar de la enorme cantidad de datos que produce.
La académica e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la UV e integrante del ODPP criticó lo que a su parecer ha sido una respuesta institucional débil y fragmentada en Chile en esta materia.
En el detalle, argumentó que, aunque existe una gran cantidad de información, el Estado ejerce una violencia epistémica al invisibilizar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de conocimiento y no integrar la información entre distintas entidades.
A modo de ejemplo, planteó que en nuestro país viven aproximadamente 4,4 millones de niños, niñas y adolescentes, que en conjunto equivalen al 21,8 por ciento del total de sus habitantes. De ellos, 3,3 millones tienen menos de catorce años y 1,1 millones son menores de diecisiete años. Agregó que de ese universo, 41 mil se hallan en listas de espera para acceder a programas especializados adscritos al servicio Mejor Niñez, al tiempo que hoy existen casi 181 mil medidas de protección vigentes dictaminadas por el Poder Judicial. Además, reveló que la mitad de las residencias de protección directa del Estado registran notorios niveles de sobreocupación y hacinamiento.
Sobre esta base, la docente sostuvo —a modo de denuncia— que Chile padece en este punto de “extractivismo de información”, situación derivada del hecho de que el Estado obtiene datos e historias de vida para alimentar carpetas judiciales y formularios, pero entrega poco valor real a los niños, niñas y adolescentes.
“Yo me pregunto, ¿quién habla cuando estamos hablando de información de niñeces o de infancias y adolescencias? Y es que tenemos múltiples actores: el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Defensoría de la Niñez. También están los ministerios de Desarrollo Social y Familia, de Educación y de Salud, o el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que depende del Ministerio de Justicia, y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. Incluso hay un organismo internacional, como la Unicef. Todos ellos nos dan muchas luces sobre diagnósticos y propuestas de política pública en materia de infancia y adolescencia. Pero aun así tenemos una situación débil, una débil respuesta del Estado en términos de la situación que afecta a los niños y jóvenes, pese a que muchas instituciones están produciendo datos sobre ellos”, cuestionó la docente.
Por lo anterior, Elena Salum propuso transitar desde una visión de datos agregados hacia otra que considere la granularidad e interoperabilidad de los mismos, permitiendo así reconstruir las trayectorias individuales de vulneración para intervenir de forma oportuna.
En línea con ese argumento, la académica relevó la importancia de disponer de una gobernanza de datos democrática y el uso de un lenguaje claro que fomente una participación infantil vinculante y real. Por último, abogó por una justicia abierta en el ámbito infantojuvenil, que transforme a los consejos consultivos en sensores territoriales con capacidad de incidencia en las políticas públicas, para lo cual sugirió modificar la Ley 21.430.
Las presentaciones e intervenciones completas de los expositores invitados al seminario “Voces incidentes: infancias, adolescencias y justicia abierta” están disponibles aquí:
