Columna La Estrella de Iquique
Rector UNAP Alberto Martinez
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción superior a $36.000 millones, en términos reales, para las universidades estatales y tradicionales de Chile. En el caso de las universidades estatales, el impacto se concentra en tres partidas claves. El Aporte Institucional a las Universidades Estatales (AIUE) disminuye un 11,4%, equivalente a $13.184 millones. El Aporte Fiscal Directo cae un 3%, con $9.487 millones menos. A ello se suma una reducción cercana al 35% en el Plan de Fortalecimiento. Estos recursos financian la docencia, la investigación y la vinculación con el territorio, por lo que su disminución afecta especialmente a universidades regionales como la nuestra.
Por ello, es necesario revertir estas rebajas. Pero también es importante insistir en una medida que no requiere nuevos recursos del Estado: el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).
Desde 1981, primero como Crédito Fiscal Universitario, luego como Crédito Universitario y, desde 1994, como FSCU, este instrumento ha permitido que miles de jóvenes accedan a la educación superior. Sin embargo, con la implementación de la gratuidad, la demanda por este mecanismo ha disminuido de manera sostenida.
Pese a ello, las universidades solo pueden utilizar una parte de los recursos acumulados en el fondo, bajo reglas que se renegocian cada año en la Ley de Presupuestos. Por eso, y en línea con lo planteado por el Consejo de Rectores (CRUCH) ante el Congreso, reiteramos la necesidad de autorizar el traspaso total de estos recursos a las universidades como compensación por las rebajas presupuestarias propuestas.
Liberar estos fondos no implica dejar sin apoyo a los estudiantes. La Universidad seguirá otorgando el crédito a quienes lo necesiten. Se trata de permitir que recursos que pertenecen a las universidades y que hoy permanecen inmovilizados vuelvan a destinarse a la formación de los jóvenes de la región.
En la actual discusión presupuestaria, nuestros parlamentarios tienen la oportunidad de respaldar una solución razonable, inmediata y sin costo fiscal para el Estado. Esa oportunidad no debiera desaprovecharse.
