Entrevista a Benito Umaña Hermosilla – Rector Universidad del Bío-Bío
Cada año, la discusión del presupuesto que la Nación destina a la educación superior nos obliga a definir prioridades y, en definitiva, a preguntarnos qué país queremos construir. Detrás de cada decisión hay una concepción sobre el papel que el conocimiento, la cultura, la formación de las personas y las universidades cumplen en el desarrollo de Chile.
El proyecto presupuestario presentado por el gobierno para 2027 plantea una reducción global de 1% de los recursos para el sector; disminución que se concentra fuertemente en asignaciones como el Aporte Institucional a las Universidades Estatales (-11,4%), el Aporte Fiscal Directo (-4%) y, de manera particularmente significativa, el Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales (-34,8%). Es una señal que debe llamar nuestra atención. No se trata sólo del tamaño del recorte, sino de dónde se produce y qué capacidades puede terminar debilitando.
Las universidades estatales, particularmente las regionales, cumplen funciones que no pueden ser evaluadas exclusivamente bajo criterios de rentabilidad inmediata. Nuestras instituciones contribuyen a formar los cuadros profesionales que necesitan nuestras regiones, generan investigación, innovación y transferencia tecnológica pertinente a sus territorios, participan en proyectos estratégicos y fortalecen el tejido productivo y social local. Todo ello en el marco del mandato que establece la ley que las regula: el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sustentable del país y el progreso de la sociedad.
Cuando se recortan los recursos basales de las universidades estatales, no estamos simplemente disminuyendo una transferencia presupuestaria. Estamos reduciendo, potencialmente, capacidades que el país necesita para enfrentar sus desafíos futuros. Estamos, además, dando una señal de cuánto nos importan dimensiones como el cultivo y la igualdad de acceso al conocimiento y la cultura, la integración social o la formación ciudadana.
Chile requiere de universidades estatales sólidas, capaces de investigar, formar y colaborar con el Estado, las empresas, las organizaciones sociales y las comunidades. Ello no significa desconocer la realidad fiscal del país. Sabemos que los recursos públicos son limitados y que tenemos la responsabilidad de utilizarlos de manera eficiente y transparente. Precisamente por eso, junto con defender un financiamiento suficiente y estable, debemos asumir con decisión el desafío de modernizar nuestra gestión.
Tenemos que revisar nuestros procesos, incorporar nuevas tecnologías, potenciar la evaluación de resultados, elevar la productividad institucional y utilizar de la mejor manera los recursos disponibles.
También debemos avanzar desde una lógica de competencia hacia una mayor colaboración. Los grandes desafíos del país requieren capacidades distribuidas territorialmente y universidades capaces de trabajar en red. La inteligencia artificial, la biotecnología y las nuevas tecnologías productivas, entre muchas otras áreas, demandan capacidades que ninguna institución puede desarrollar aisladamente.
El desafío es doble: asegurar un financiamiento público que permita la sustentabilidad y el desarrollo de las universidades estatales y, al mismo tiempo, profundizar la modernización de su gestión y la rendición de cuentas. Las universidades estatales estamos dispuestas a asumir nuestra parte de esa responsabilidad, pero necesitamos que el Estado, a su vez, reconozca que las capacidades que hoy financia no son un gasto prescindible.
BENITO UMAÑA HERMOSILLA
Rector Universidad del Bío-Bío
