Nueve recomendaciones para mejorar la competencia en la educación superior formuló la Fiscalía Nacional Económica, FNE, en el informe preliminar de su estudio de mercado que analizó el segmento de pregrado en el período 2007-2023, considerando a 126 universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del sector.
La Fiscalía detectó tres principales limitantes para la libre competencia: problemas asociados a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, fallas en la divulgación de información sobre variables competitivas relevantes para los postulantes y barreras regulatorias que dificultan injustificadamente el proceso competitivo.
En el campo de las trabas regulatorias, “la FNE identificó espacios de mejora a nivel de la normativa que rige la administración y gestión de las universidades estatales, debido a que “éstas están sujetas a algunas inflexibilidades operativas que pueden perjudicar su desempeño en un contexto de competencia”, indicaron desde el organismo de libre competencia.
Sobre este punto, el Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, rector Osvaldo Corrales de la Universidad de Valparaíso, sostuvo que la Corporación que integran 18 casas de estudio del país, valora el informe de la FNE porque “confirma lo que venimos exponiendo hace años, que las universidades estatales enfrentamos barreras normativas que no tienen las universidades privadas, afectando gravemente la gestión interna de nuestras instituciones y limitando las posibilidades de desarrollarnos dentro del sistema en igualdad de condiciones con los privados. Eso explica en gran medida por qué hoy el 75% de los fondos públicos terminan en manos de entidades privadas que crecen sin restricciones, mientras las universidades públicas asumimos la carga de regulaciones arbitrarias y que condicionan nuestro desarrollo”, afirmó.
Entre las recomendaciones que hace la Fiscalía Nacional Económica para corregir estas deficiencias regulatorias, está “perfeccionar y profundizar el régimen de tratamiento de derecho público diferenciado para universidades estatales”, que permitiría eliminar asimetrías normativas con el resto del sistema de educación superior.
“Como Universidades del Estado siempre hemos postulado que la Educación pública no debería ser un bien de mercado y debería ser sustentada íntegramente con fines estratégicos para el desarrollo del país, pero si nos van a seguir obligando a competir por recursos públicos a la par con universidades privadas que ven la educación como un espacio de rentabilidad financiera, al menos que nos permitan competir en igualdad de condiciones. Esto va de la mano con nuestra demanda de transparencia total para todas las universidades que reciben fondos del Estado de forma directa e indirecta por medio de becas u otros beneficios fiscales”, enfatizó el Presidente del CUECH.
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