En un paso decisivo hacia la consolidación de una ciencia con impacto social, la Red de Innovación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), en conjunto con la ONG INNOVARTE, dio a conocer los resultados de la encuesta diagnóstica sobre Licenciamiento Socialmente Responsable (LSR). El estudio, aplicado en las 18 universidades estatales del país, ofrece una radiografía sobre cómo las instituciones públicas están integrando principios éticos en la transferencia de sus resultados de investigación.
La actividad fue moderada por Isabel Araos, Coordinadora de la Red, y contó con la participación de representantes y equipos de gestión de diversas universidades estatales. Por parte de la ONG INNOVARTE, lideraron la presentación su director, Luis Villalón, y el asesor Adán González, quienes expusieron los hallazgos y delinearon las futuras líneas de trabajo.
Sobre el propósito de este estudio, Luis Villalón, director de Innovarte ONG, señaló que “esta encuesta tenía tres objetivos principales: hacer un primer levantamiento acerca de las percepciones que tenían sobre esta materia todas las universidades, identificar las brechas en torno a la implementación y tener información que sirva de base para generar un plan de trabajo formal desde las universidades estatales chilenas”.
Los datos revelan que el sistema universitario estatal se encuentra en una etapa de transición, existiendo un alto nivel de implementación en principios específicos, como la contribución al bienestar social y la reserva de derechos académicos, prácticas ya presentes en gran parte de las instituciones. El informe advierte barreras como la falta de incentivos para los investigadores e investigadoras de modelos de cláusulas estandarizadas, lo que evidencia la necesidad urgente de herramientas que otorguen seguridad jurídica y técnica a las instituciones.
Jorge Rojas, Asesor de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Tarapacá, destacó que el licenciamiento socialmente responsable es una pieza clave para la equidad. “Es importante porque permite a las universidades estatales cumplir su misión pública al garantizar que las innovaciones tengan mayor acceso para sectores vulnerables. Igualmente, protege el derecho a seguir investigando la tecnología.
Este enfoque no solo fortalece la reputación institucional para atraer talento y alianzas, sino que asegura el cumplimiento de normativas y facilita el acceso a financiamiento basado en impacto social”, enfatizó el académico.
Este compromiso con la misión pública fue reafirmado por otras instituciones de la Red, quienes ven en el LSR una oportunidad para mejorar la gestión científica. En este contexto, Jacqueline Concha, Directora de Innovación de la Universidad de Valparaíso, señaló que este diagnóstico es de gran utilidad para robustecer las métricas e indicadores de transferencia. “De manera que se valore el trabajo que hacen las universidades estatales por el país y cómo estas aportan a las políticas públicas y cómo se trabaja con
comunidades que no siempre tienen la posibilidad de recibir la tecnología o el conocimiento”, afirmó.
En sintonía con lo anterior, Alberto Moraga, abogado de la Universidad del Bío-Bío, subrayó que estos principios ya forman parte del quehacer diario de las universidades, vinculando directamente con su rol social. “Esto se relaciona con la función de vinculación con el medio, es la forma en que el conocimiento que generamos dentro de la universidad logra impactar positivamente fuera de ella”, sostuvo.
Hacia un programa de fortalecimiento 2026
Frente a este diagnóstico, la Red de Innovación CUECH y la ONG INNOVARTE propusieron avanzar hacia un modelo de implementación inspirado en referentes internacionales de vanguardia, como Países Bajos y Bélgica. El objetivo para el periodo 2026 es el desarrollo de herramientas y recursos técnicos que proporcionen modelos de normas, cláusulas estandarizadas y métricas de impacto para el sistema estatal.
La jornada concluyó con un reconocimiento a los esfuerzos de las 18 universidades por compartir esta valiosa información, reafirmando que la ciencia y la tecnología en el sistema estatal deben seguir siendo un motor de democratización del saber y bienestar para todo el país.
