Ley de Universidades Estatales. Columna de Luis Pinto Faverio, Rector U. Tecnol贸gica Metropolitana, publicada el lunes 12 de junio en La Tercera. | Consorcio de Universidades del Estado de Chile
Ingrese su nombre de usuario Consorcio de Universidades del Estado de Chile.
Ingrese la contrase帽a asignada a su nombre de usuario.

Inicio de sesi贸n

Ley de Universidades Estatales. Columna de Luis Pinto Faverio, Rector U. Tecnol贸gica Metropolitana, publicada el lunes 12 de junio en La Tercera.

Ley de Universidades Estatales

Luis Pinto Faverio, Rector Universidad Tecnológica Metropolitana

 

Señor director:

Es difícil encontrar en el mundo un caso en que, como el de Chile, el Estado deba justificar el financiamiento a sus propias universidades. Y más aún, que, en caso de intentar materializar aquel necesario apoyo, sea denostado públicamente, como ocurre en la Editorial del 9 de junio, en la que se critica al proyecto de Ley de Universidades Estatales porque este insistiría “en entregar privilegios a las instituciones del Estado”, lo que además de discriminatorio, atenta en favor de la calidad.

La situación descrita llega a ser tan fuera de lógica que sería como imaginar que las clínicas privadas hicieran una demanda contra el fisco o lo acusaran de ejercer un trato discriminatorio en su contra, porque no reciben un financiamiento similar al de los hospitales públicos.

Las universidades del Estado a diferencia del resto de las entidades del sistema, son espacios de integración social, pluralistas y tolerantes. No poseen grupo controlador que rija sus destinos. Son democráticas y no responden a ningún credo religioso. Asimismo, en su calidad de verdaderos servicios públicos, el mencionado proyecto de Ley busca la acción coordinada del Estado con sus universidades, para el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés general en sus dimensiones nacional y regional.

Debemos recordar que, desde hace casi cuarenta años, las universidades del Estado se desenvuelven en un contexto de sobrecarga de controles y regulaciones, en comparación con las privadas que reciben aportes fiscales. Así, mientras las universidades estatales están obligadas a dar cuenta pública del uso de aquellos recursos; se encuentran supeditadas al control de legalidad de la Contraloría General de la República y a las normas de transparencia; y, sujetas al sistema de compras públicas, las universidades privadas “tradicionales” tienen plena flexibilidad de gestión. ¿Quiénes son entonces los realmente discriminados?

 

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ley-universidades-estatales/