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Universidades del Estado. Columna de Gustavo Soto, Rector U. de Arturo Prat publicada en el diario La Estrella de Iquique el jueves 8 de junio

 

Universidades del Estado

Gustavo Soto, Rector U. Arturo Prat

Tras varios años de negociación con el gobierno, parece que comienza a primar la lógica y el sentido común, que permitan que las Universidades del Estado, retomen su normal cauce, como instituciones reformadoras de la República, que establecen nuevos modelos de desarrollo, sustentadas en la inclusión, diversidad y pluralidad.

Esto luego que durante la semana pasada, la Presidenta Michelle Bachelet y ante la presencia de todos los rectores que estamos adscritos al Cuech, firmara el proyecto de ley sobre Universidades del Estado, que busca principalmente reconstituir un derecho enajenado hace más de cuarenta años, permitiendo tal como lo indicó la Mandataria en su última cuenta pública, que su reconocimiento y diferenciación “sea la mayor garantía que tenemos como país, para así preservar un espacio abierto a todos”.

El proyecto que establece un trato diferenciado a nuestras universidades, más allá de la entrega de recursos basales asignados por institución, cuenta con un sentido más profundo y ontológico, ya que establece el reconocimiento público de un Estado, a la diversidad, tolerancia y un sentido de participación, precisamente que las universidades privadas excluyen.

A partir de la iniciativa legal, impulsada por el Ejecutivo, el Estado asume una visión sistémica, poniéndose en el centro del esquema y delegando con claras responsabilidades sobre el rol que tienen sus universidades, para proponer, pensar y desarrollar el futuro de nuestro país.

Este nuevo orden, reforzará a la gratuidad progresiva que tenemos hace dos años y que hoy permite que casi tres mil estudiantes en Tarapacá, puedan acceder a la educación superior, sin mediar contratos bancarios, copagos, ni deudas futuras.

Creemos que hoy, la responsabilidad está entre nuestros gobernantes, en especial los parlamentarios, ya que serán ellos quienes deberán velar por el interés colectivo, aprobando esta iniciativa y así retomar la senda del desarrollo regional y del sentido meritocrático en Chile.